El Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal sobreseyó provisionalmente –en sentencia del 2 de este mes– al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, a la ex secretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ) Giselle Brea y al exsubcontralor de la República Luis Felipe Icaza, en el proceso que les siguió el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública –en la modalidad de falsificación de documentos–, en perjuicio de la JCJ.
El juez Leslie Loiza también ordenó dejar sin efecto las medidas cautelares de impedimento de salida del país que pesan sobre los imputados.
El caso se relaciona con una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación el 4 de diciembre de 2015 por Saverio Grandi Aguicioti, ligado a la empresa Gaming Global Corporation, que compitió por la adjudicación del bingo televisado Buko Millonario en 2011.
En la denuncia, Grandi Aguicioti alegó que la JCJ otorgó la concesión al Grupo de Inversión Mundial, S.A., violando, supuestamente, el título II, capítulo I del Decreto Ley 2 de 1998, sobre las competencias de la JCJ que, de acuerdo con la norma, tiene que fiscalizar, supervisar y regular la explotación de los juegos de suerte y azar.
El caso fue investigado por la Fiscalía Quinta Anticorrupción, que tomó declaración indagatoria a De Lima, a Brea e Icaza, les imputó los cargos y otorgó las medidas cautelares de impedimento de salida del país.
El pasado 13 de febrero, en la vista fiscal 38, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga pidió llamar a juicio a los tres imputados.
Loaiza, empero, concluyó que, al formular los cargos, la fiscalía no acreditó el delito, “toda vez que no se ha podido probar el perjuicio causado al Estado o que alguno de los procesados haya cometido un delito de corrupción, ya que no se ha podido probar que los mismos hayan recibido algún tipo de compensación por la aprobación de dicho contrato”.
PERFIL DEL JUEZ
Como juez segundo municipal, Loaiza archivó el 27 de agosto de 2014 el caso por el bloqueo a las instalaciones de Corporación La Prensa, S.A. por parte de trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, ocurrido el 2 y 3 de agosto de 2012.
Luego, como juez decimoquinto penal –cargo al que fue ascendido en septiembre de 2014–, otorgó fianzas de excarcelación y cambió la medida de detención preventiva que la Fiscalía Segunda Anticorrupción impuso a varios sindicados en la investigación por la compra de mochilas, entre ellos, Poulett Morales y Pablo Ruiz Obregón. Además, fijó una fianza de $2 millones a Mario Martinelli, también sindicado en este caso.