Organizaciones de la sociedad civil pidieron la instalación de una comisión de alto nivel, para investigar los hechos denunciados por la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, relacionados con supuestas grabaciones de conversaciones del presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Hernán De León.
Durante una protesta efectuada ayer en las escalinatas del Palacio Gil Ponce, Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, opinó que las declaraciones de Porcell son graves, pues demuestran la existencia de presiones contra uno de los magistrados de la Corte Suprema.
Detalló que la denuncia presentada ayer por la procuradora es el primer eslabón para esclarecer lo que sucede con De León y su posible implicación en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli en la Corte por los pinchazos.
De Obaldía dijo que es necesario aclarar lo sucedido y que se halle a los responsables de los hechos denunciados por la procuradora.
Mientras, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, recalcó que se hace necesario la designación de una comisión de alto nivel que investigue lo declarado por la procuradora y que se revele al país quiénes son los responsables de estas grabaciones.
Alegó que la citada comisión también debe valorar la situación del sistema de administración de justicia y establecer los correctivos para asegurar un sistema transparente y que funcione apegado a la ley.
“Esperamos que haya un proceso de saneamiento de la administración de justicia, se implemente la carrera judicial y se designen los miembros del Tribunal de Transparencia a raíz de los acuerdos alcanzados en el Pacto de Estado por la Justicia”, declaró.
Por su parte, Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, recordó que organizaciones de la sociedad civil han planteado desde hace varios años la necesidad de introducir cambios en el sistema de administración de justicia, en la forma de escogencia de los magistrados y de dar mayor transparencia a los procesos judiciales.