Representantes y organizaciones de la sociedad civil plantearon diversas observaciones al texto único que fusionará ocho proyectos de ley que se han presentado para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.
Los aportes fueron enviados en las últimas dos semanas a la subcomisión encarga da de atender este tema, la cual está presidida por la diputada independiente Ana Matilde Gómez.
La propuesta más común presentada entre las organizaciones fue la de modificar la forma de votación de los diputados.
Juan Diego Vásquez, miembro de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, propuso que la votación sea únicamente nominal, es decir, que se efectúe con base en el llamado a lista que hace el secretario general y cada diputado o diputada, al ser nombrado, expresará su voto oralmente. El resultado de esa votación constaría en el acta con los nombres y apellidos de los presentes y la forma de cómo votó cada uno.
En tanto, Freddy Pittí, miembro de la organización Juntos Decidimos, consideró que la votación de cada diputado se debe publicar en los medios digitales y estar al alcance de cualquier ciudadano, que tiene el derecho de conocer cómo está actuando su representante en la Asamblea Nacional.
Asimismo, Pittí propuso que se elimine la prerrogativa de exoneración de impuestos para compra e introducción al país de vehículos, y la eliminación de la exoneración del pago de correo y teléfono dentro del territorio nacional, del que gozan los diputados.
Por su parte, la fundación Generación Sin Límites manifestó que es necesario que el Legislativo proporcione el acceso a información histórica. “La información parlamentaria de sesiones previas debe ser digitalizada y puesta a disposición de los ciudadanos de forma permanente para su reutilización, sin restricciones legales o costos, incluyendo las actas e informes de las comisiones”, indica el documento entregado a la subcomisión.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, también se manifestó al respecto. La organización cuestionó varias figuras que se buscan introducir en este texto único, como la de crear una comisión especial para investigar la corrupción en contrataciones públicas.
A juicio de Olga de Obaldía, directora de la fundación, “deja una gran duda” la facultad constitucional de tal actuación e incluso de la capacidad moral de este órgano del Estado.
En tanto, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información consideró oportuno que se incorpore en el nuevo reglamento una modificación al artículo 81 del reglamento interno, según el cual las sesiones de la Comisión de Presupuesto deben ser de carácter reservado.