El procurador de la Administración, Rigoberto González, reiteró al contralor Federico Humbert que informe el estatus actual de las auditorías que realiza a las juntas comunales y municipios sobre los fondos, presuntamente, solicitados por los diputados de la Asamblea Nacional (periodo 2009-2014), manejados a través del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Oficina de Electrificación Rural y el Proyecto de Desarrollo Comunitario e Infraestructuras Públicas (Prodec).
En una carta remitida ayer por González al contralor, este recordó que su petición se hace en atención a una solicitud reciente que le hizo el abogado Ernesto Cedeño, en la que hace referencia que desde el 6 de julio de 2015 pidió a la Contraloría que se efectuaran auditorías a las asignaciones presupuestarias por 433 mil 496 dólares, gestionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas de 2009-2014, presuntamente solicitadas por los diputados de ese periodo.
González indicó que su petición “reviste urgencia”, ya que el abogado Cedeño manifiesta el inminente vencimiento del término de prescripción de la acción penal electoral por el posible uso irregular de estos fondos públicos.
“Es deber de la Procuraduría, como de la Contraloría, mantener informada a la ciudadanía sobre qué estamos haciendo para salvaguardar el buen uso de los bienes, que son de todos los panameños”, dijo González a Humbert.