La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige Farah Urrutia, empezó ayer la revisión de la documentación entregada el jueves pasado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que solicita la extradición del expresidente Ricardo Martinelli al Gobierno de los Estados Unidos (EU).
A Martinelli se le investiga por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, al presuntamente autorizar durante su administración escuchas telefónicas, interceptación de comunicaciones, a dirigentes de los diferentes sectores del país.
En un comunicado, la Cancillería anunció que “como canal o conducto entre el Órgano Judicial y el país requerido, la Cancillería le corresponde asegurar que la documentación cumple con los requisitos de forma establecidos en los acuerdos vigentes entre ambos países”. Explicó que una vez completada la verificación de los documentos, el Ministerio remitirá la solicitud a la Embajada de Panamá en Washington D.C., que dirige Emanuel González Revilla, quien, a su vez, la enviará al Departamento de Estado de los EU y este a las autoridades judiciales en dicho país para el análisis y trámite correspondiente.
La Cancillería debe revisar que el documento cumpla con los requisitos del Tratado de Extradición firmado entre Panamá y EU el 25 de mayo de 1904.
Entre los requisitos destacan que cuando se trate de un imputado, se requiere copia del auto de enjuiciamiento o de prisión preventiva, así como de los elementos de prueba en que se basen dichas decisiones.
También se necesita una relación precisa de los hechos constitutivos del delito imputado. De igual forma, se precisa, entre otras cosas, el texto de las disposiciones legales aplicables, así como las referentes a la prescripción de la acción penal y de la pena, y los datos personales (en este caso de Martinelli) que permitan la identificación del reclamado.
Desde el 8 de junio de 2015, el pleno de la CSJ admitió abrir este proceso contra Martinelli y se designó al magistrado Harry Díaz como fiscal y a Jerónimo Mejía como juez de garantías.