Los exministros de Obras Públicas (MOP), Federico Pepe Suárez y Jaime Ford Castro, figuran entre las 33 personas que el Ministerio Público vincula con el caso Blue Apple, investigación relacionada con sobornos pagados por contratistas del Estado a cambio de la agilización de trámites administrativos para la ejecución de la obra y desembolso de dinero.
Aunque no dio sus nombres, la procuradora Kenia Porcell dijo que los funcionarios vinculados eran “las más altas autoridades” de los dos ministerios entre 2011 y 2012 y que estaban amparados por el fuero penal electoral, que solicitarán al Tribunal Electoral levantar.
Entre 2009 y 2012, Suárez estuvo al frente del MOP y Ford Castro -que antes fue viceministro de Vivienda- lo relevó de 2012 a 2014. Previamente, estuvo en la cartera de Vivienda.
Rosendo Miranda, abogado de Suárez, dijo que se enteró por la conferencia de prensa que dio la procuradora de la vinculación de su cliente al caso Blue Apple.
A su turno, Marlene Guerra, abogada de Ford, cuestionó a la procuradora por hacer señalamientos “sin prueba alguna”.
Porcell precisó que se investiga, además, a siete empresas del sector de la construcción que manejaron contratos con el Estado entre 2011 y 2012.
Explicó que exfuncionarios del MOP y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) les exigían a estos contratistas el pago de entre el 5% y el 10% del valor total del contrato, a cambio de la agilización del proyecto y desembolsos.
Precisó que el dinero producto de este soborno era depositado, entre otras, a la sociedad Blue Apple Services. El esquema incluía cinco cuentas en tres bancos locales, en las que se manejaron unos $40 millones, de los cuales se ha recuperado la mitad.
Además, se han aprehendido bienes por $5 millones y otros $9 millones han sido ubicados en el extranjero.
Porcell dijo que los bancos Banesco, General y Capital Bank cerraron las cuentas y alertaron a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los movimientos inusuales, pero esa entidad no hizo nada en su momento.
Indicó que se utilizaron el factoraje –canalizado por Factor Global, subsidiaria de Global Bank Corporation–, las cesiones de crédito y los pagos directos para dar apariencia de licitud a dinero producto de la corrupción.
Global Bank, por su parte, aseguró que los contratos sujetos a tal ejercicio comercial eran resultado de licitaciones del Estado, y que los fondos recibidos por el banco venían del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Es otra investigación compleja de corrupción en la que se descubre más dinero público sustraído por servidores públicos”, remarcó la procuradora Porcell.
PORCELL: ‘SE HA IDENTIFICADO PARA QUIÉNES ERA EL DINERO’
“Los hechos que se investigan han demostrado que exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda les exigieron a los empresarios del sector de la construcción que mantenían contratos adjudicados con el Estado para el período 2011 a 2012, un porcentaje [entre 5% y 10%] relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de la obra, así como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista; de no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avances de la obra, entre otras afectaciones”.
Así detalló la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, el modus operandi del caso Blue Apple, sociedad anónima a través de la cual se blanquearon al menos, en conjunto con otras, $40 millones, de los cuales se ha recuperado la mitad.
Hasta este momento, la operación alcanza a siete empresas investigadas: Conalvías, Meco, Rodsa, Bagatrac, Grupo Corporativo GS, Ingeniería REC, y Concepto y Espacios. No se descarta que a medida que avancen las investigaciones se pueda conocer de otros contratistas, advirtió la procuradora.
EMPRESAS Y OBRAS
Las contratistas del Estado vinculadas a la investigación de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir tienen una extensa lista de millonarios proyectos adjudicados en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), y algunas siguen acumulando contratos en el gobierno de Juan Carlos Varela.
Existen las de capital extranjero, como es el caso de Meco, de origen costarricense, y Conalvías, colombiana; aunque la gran mayoría lleva la camiseta local, como Concepto y Espacios, Rodsa, Ingeniería REC y Bagatrac.
Hay sobrados ejemplos de la participación de estas compañías en proyectos estatales. Un caso muy sonado durante la administración Martinelli fue el de la ampliación del sistema de alcantarillados de Chitré, en la provincia de Herrera, adjudicado en 2012 en algunas de sus fases y por la vía directa a Constructora Rodsa, y Concepto y Espacios, S.A., por $41.9 millones y $45.1 millones, respectivamente.
En este momento, Rodsa maneja contratos públicos para la construcción de carreteras, puentes y sistemas de acueducto.
En 2010, cuando el gobierno de Martinelli imprimía el sello de aprobar enormes proyectos y engrosaba el gasto público, el entonces ministro del MOP, Federico Pepe Suárez, adjudicó hasta 34 contratos en una única licitación para asfaltar calles de varias ciudades del país.
La suma de los contratos superó los $69 millones, repartidos entre 11 empresas, resultando cada una adjudicataria por más de $6 millones, entre estas, Constructora Meco, Constructora Rodsa, Grupo Corporativo GS, Bagatrac y el consorcio Centralmix–Conalvías.
Ahora, la ampliación de la carretera Panamericana entre el puente de las Américas y el distrito de Arraiján está a cargo de Meco –junto con otra constructora– por un monto de $335.5 millones.
Bajo la administración de Varela, Grupo Corporativo GS se ganó un contrato, en asociación con otro grupo, por $17.19 millones para reparar carreteras en Aguadulce, Coclé.
Los hechos que ahora se investigan guardan relación únicamente con los proyectos adjudicados durante la era Martinelli y no limitan la participación de estas constructoras en nuevos contratos.
Porcell dijo que permitir o no la participación en obras estatales a estas constructoras es una decisión que recae sobre el Ejecutivo.
Desde que Martinelli asumió el poder, en la ciudad capital se hizo una intervención nunca vista, recordada por los conductores que se encontraban en cada esquina con levantamientos de carpetas asfálticas, la construcción de un puente o un intercambiador.
El plan de reordenamiento vial, por ejemplo, se inició con la entrega formal de la orden de proceder para la ampliación a cuatro carriles de la vía La Amistad y avenida Ascanio Villalaz, a cargo de Conalvías, por un monto de $21 millones.
En ese momento, Suárez adujo que todos los inconvenientes de transitar en una ciudad eran necesarios porque era inminente agilizar el tráfico vehicular. Y para ello se invirtieron más de $1,000 millones.
Ahora, la investigación del Ministerio Público precisa que los funcionarios del MOP y del Miviot exigían pagos indebidos que luego debían ser depositados a la sociedad anónima Blue Apple Services, a través de cinco cuentas bancarias en tres bancos de la localidad.
EL USO DEL SISTEMA FINANCIERO
Porcell mencionó que a través de las cinco cuentas abiertas en tres bancos –Banesco, Capital Bank y Banco General–, la red movilizó los $40 millones.
Los tres bancos panameños “se dan cuenta de la forma irregular en la que se estaban manejando estas cuentas bancarias” y enviaron alertas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en ese entonces dirigida por Emma Reyes.
Las cuentas fueron cerradas, pero “la UAF no dijo nada en su momento; eso es parte de la investigación de la fiscalía”, precisó Porcell.
Los tres bancos se dan cuenta del manejo irregular de las cuentas bancarias, tomando en cuenta que a través de Blue Apple se manda dinero a Suiza, China, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos.
Estas jurisdicciones recibieron de Blue Apple $9 millones, “para lo cual los beneficiarios finales –los que tramaron la coima y blanqueo de capitales– crearon dichas sociedades”, dijo la procuradora. “Es importante que quede claro que todo esto se da en el período 2011-2012, se crean las sociedades fachada, sociedades de papel. Las cuentas son por un año y el objetivo era darle licitud al dinero producto de la corrupción”.
FACTORAJE
La procuradora dijo que se utilizaron el factoraje –canalizado por Factor Global, subsidiaria de Global Bank Corporation–, las cesiones de crédito y los pagos directos para dar apariencia de licitud a dinero producto de la corrupción.
Global Bank respondió anoche que “para el caso Blue Apple Services y otras sociedades, en donde se menciona la actividad de factoraje realizada por nuestra subsidiaria Factor Global, deseamos aclarar que los contratos sujetos a tal ejercicio comercial fueron producto de licitaciones del Estado, debidamente adjudicadas y refrendadas”.
Afirmó que el banco hizo las debidas diligencias, analizando e investigando la procedencia de los fondos, que fueron recibidos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Entre los investigados figura Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de Factoring y Fianzas de Global Bank, quien aparentemente participaba del esquema.
Porcell indicó que la figura del factoraje es un acto legal y correcto de comercio; sin embargo, las facturas que se utilizaron para dichas actividades investigadas eran falsas y a su vez se giraban cheques a una sociedad de papel; que el dinero pasaba a bancos locales para luego salir de Panamá.
Porcell mencionó algunas de las sociedades de papel para mover el dinero, entre las cuales estaban Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma S.A. Todas se crearon bajo el amparo de la ley de la pequeña y mediana empresa, que permitía transacciones por montos menores.
Fue a través de esas sociedades que se adquirieron villas, casas, entre otras propiedades de lujo.
CORRUPCIÓN
Porcell precisó que en cuanto al delito de corrupción, que también se investiga, los empresarios y particulares que han rendido indagatoria han aportado pruebas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos.
Los procesados, que son empresarios y particulares, han identificado para quiénes iba el dinero, cómo se ejecutaba el delito, quiénes integraban la organización criminal y el destino de las ganancias. Por ahora, esa información se mantiene en reserva.
Porcell afirmó que han logrado cinco acuerdos de colaboración, tres de los cuales se efectuaron con REC, Meco y Rodsa.
“La colaboración eficaz de los empresarios corroboró nuestra teoría del caso, en torno a un mecanismo orientado a dar apariencia de licitud a la coima. De igual forma, nos han suministrado información valiosa sobre nuevos hechos que evidencian la comisión de otros delitos que están originando la apertura de nuevas investigaciones”, declaró Porcell.
Con relación al delito de blanqueo de capitales, precisó que están siendo procesadas 21 personas, de las cuales tres están en detención preventiva. Además de Rodríguez Salcedo, por este caso están detenidos el abogado Federico Barrios y su esposa Ana Mercedes Briones.
Agregó que la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lleva este caso, ampliará la formulación de cargos por este delito a otras personas.
En cuanto a la asociación ilícita para delinquir, que se deriva de la agrupación de más de tres personas para blanquear dinero, están siendo procesadas tres personas, de las cuales dos están bajo detención.
Porcell advirtió de que dinero público aún reposa en manos de corruptos que, pese a las pruebas, se niegan a devolverlo bajo argucias legales para no enfrentar en audiencias la justicia panameña.
