La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina solicitó al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Gerardo Pollicita la inhibición de los bienes del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), en el marco de la investigación judicial por el caso Hotesur y otros procesos en los que se investiga la comisión de presuntas irregularidades en la fortuna de la familia Kirchner, informó ayer el diario Clarín.
La petición de la UIF se fundamenta en el hallazgo de supuestos movimientos irregulares en la sucesión, en la que se nombró como administrador a uno de los hijos del matrimonio, Máximo Kirchner. El organismo también pidió el nombramiento de un administrador judicial para la custodia de dichos bienes hasta que concluyan las investigaciones.
La estimación total de los bienes de esta sucesión hasta principios del año 2016 daba cuenta de 60 mil millones 440 mil 299 pesos argentinos (unos 4 mil millones de dólares).
Según el diario argentino, dentro del monto de la sucesión se incluyeron 25 propiedades, participaciones societarias en tres empresas, un auto y depósitos bancarios por 33 mil millones 781 mil 77 pesos (unos 2 mil millones 244 mil dólares).
Este informe de la UIF se conoce cuando la justicia argentina todavía tiene pendiente resolver si se debería mantener el embargo que impuso el juez Ercolini a las cajas de seguridad de Florencia Kirchner, hija de Néstor y Cristina Kirchner, en las cuales la expresidenta pudo depositar dinero.
Además, se investiga si la viuda de Néstor Kirchner pudo cometer un delito de insolvencia fraudulenta para evadir los embargos dictados por la justicia.
La semana pasada, la UIF denunció el alto pago desde el año 2008 de los intereses bancarios por parte del Banco de Santa Cruz a Néstor Kirchner. El organismo alegó que dichas tasas “fueron desproporcionalmente altas comparadas con las del mercado”.
El informe también da cuenta de que los propietarios de dicho banco son el Grupo Eskenazi, un conglomerado que se quedó con el 14.9% de las acciones de la petrolera Repsol-YPF en el año 2007 gracias a la intervención del propio Néstor Kirchner.
Ercolini también resolverá en los próximos días una solicitud de la Fiscalía para citar a una declaración indagatoria a Cristina Fernández y otros imputados en otra investigación que se sigue por la adjudicación irregular de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez.
Báez se encuentra detenido en un penal de Buenos Aires desde el pasado 5 de abril por orden del juez Sebastián Casanello, en el marco de la investigación conocida como ‘La Ruta del Dinero K’, que busca dilucidar cómo los expresidentes habrían movido dinero público a través de un entramado de sociedades y empresas y adquirido propiedades.
En el caso Hotesur, se investigan las supuestas operaciones de lavado de activos a través de la simulación de alquiler de habitaciones hoteleras por parte de la familia Kirchner a empresarios fuertemente vinculados con la realización de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas como Cristóbal López y Lázaro Báez.
(Con información de ‘Clarín’ y ‘La Nación’) .