El presidente hondureño Juan Orlando Hernández ordenó la suspensión de varios jefes policiales por su presunta participación en el asesinato de dos fiscales antidrogas y uno de sus asesores por encargo del crimen organizado.
“Todo miembro de la Policía Nacional que supuestamente sea responsable de participar en estos hechos delictivos y que aparezca en el informe será suspendido de inmediato y puesto a la orden de la Fiscalía y la justicia”, dijo el lunes el mandatario en rueda de prensa.
Nadie ha sido retirado del cuerpo hasta ahora a consecuencia del reporte publicado por el periódico El Heraldo.
El diario dio a conocer documentos de archivos policiales que indican la existencia de videos que muestran a un grupo de oficiales y agentes en el momento de planificar el asesinato en 2009 del denominado zar antidrogas, el general retirado Julián Arístides González, y de entregar más de 20 mil dólares a los sicarios.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, afirmó que la mayoría de los policías involucrados en la muerte de González están identificados y “fuera de la institución, pero son buscados para ponerlos a disposición de la fiscalía”. Calificó de “vergonzoso” el escándalo.
Un testigo protegido de la Fiscalía, el exagente Dagoberto López, apareció en televisión para confirmar la participación de algunos de sus compañeros en los crímenes denunciados.
Dijo que “la cúpula de oficiales permite que los policías relacionados con el caso continúen en la institución, algunos de los cuales han ascendido en forma descarada”. López estuvo 14 años en el cuerpo.
Agentes de la fiscalía intervinieron la noche del lunes el cuartel principal de la Policía en Tegucigalpa en busca de evidencias relacionadas con los crímenes.
Tras ocho horas de labor salieron del lugar con gran cantidad de documentos, aseguró a The Associated Press el vocero del Ministerio Público, Carlos Morazán. “Esperamos que lo recolectado sirva para esclarecer los asesinatos”, manifestó.
Hernández y las autoridades policiales no negaron ni rechazaron las denuncias del rotativo, e indicaron que las investigaciones se podrían extender a otros casos considerados emblemáticos de asesinatos de periodistas y activistas pro derechos humanos.
Las “supuestas conductas de funcionarios policiales que actuaron al margen de la ley en el pasado no reflejan la política institucional ni son coherentes con nuestra misión constitucional de salvaguardar la integridad física y proteger los bienes de las personas”, señaló la policía en un comunicado.
Además expresó su “repudio a cualquier participación de algún integrante de la institución en posibles hechos al margen de la ley”.
El asesor antidrogas Alfredo Landaverde y el fiscal Orlan Chávez también murieron asesinados en la capital hondureña en diciembre de 2011 y en abril de 2013, respectivamente. Ambos habían recibido previamente amenazas de muerte.