El pleno de la Asamblea Nacional decidió anoche por votación suspender el segundo debate del proyecto de ley 395, que regula la publicación de anuncios clasificados en los medios de comunicación social.
Tras darle tercer debate al proyecto de ley 296, que otorga un crédito fiscal como reconocimiento a los costos administrativos en que incurran los agentes de retención del impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (Itbms) para la adecuación de sus sistemas de gestión contable e informática durante el período fiscal 2016.
El pleno dio cortesía de sala a miembros de varias fundaciones que apoyan la iniciativa 395, impulsada por el diputado suplente Agustín Sellhorn, de Cambio Democrático (CD). Posteriormente, se dio lectura al texto del proyecto por parte de la secretaría general del Legislativo, y al finalizar, el presidente de la Asamblea, Rubén De León, pidió un receso.
Tras regresar del receso, los diputados presentaron una moción para suspender la discusión del segundo debate del proyecto 395, la cual fue aprobada con un golpe de los diputados en su curul.
La iniciativa ha sido considerada contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos —de la que Panamá es signataria—, que en su artículo 13 reconoce el derecho a la libertad de expresión, entendido como el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones, ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de su elección. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el contenido del derecho a la libertad de expresión es amplio porque protege a cualquier persona; cubre cualquier tipo de informaciones, ideas u opiniones, y ampara cualquier medio que se elija para buscarlas, recibirlas o difundirlas.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la moral pública no se refiere a la moral de cierto grupo o sector de la población, sino, más bien, a la moral inherente a una sociedad pluralista y democrática. De modo que no está permitido, en nombre de la moral pública, restringir el derecho a la libertad de expresión para hacer prevalecer una visión particular del mundo sobre los demás.
El proyecto de Sellhorn tampoco prevé sanciones de ningún tipo para los medios de comunicación que publiquen anuncios contrarios a la moral o las buenas costumbres.
Obliga, eso sí, a los periódicos, revistas y publicaciones digitales a establecer un sistema de “autorregulación” con base en criterios y procedimientos diseñados por una “junta consultiva”, que estará integrada por tres representantes del Gobierno —del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea—, uno por el Colegio Nacional de Periodistas, otro por el Sindicato de Periodistas de Panamá y el sexto designado por los editores de los periódicos de circulación nacional.
Posteriormente, el pleno de la Asamblea continuó y aprobó en segundo debate el proyecto de ley que crea el distrito de Santa Fe, segregado del distrito de Chepigana, en la provincia de Darién.
En el orden del día, los diputados siguieron con la discusión del segundo debate del proyecto 92, que ordena el pago de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983 a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante este período. El proyecto fue aprobado con algunas modificaciones.
El presidente del Legislativo informó que el primer llamado a la sesión de hoy se efectuará a las 11:00 a.m.