Una jueza federal brasileña se convirtió ayer en el segundo magistrado brasileño en suspender de forma cautelar el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) como ministro de la Presidencia, realizado ayer por la cuestionada presidenta Dilma Rousseff, pero suspendido horas después en un tribunal. La jueza Regina Coele Formisano, del Tribunal Federal de Río de Janeiro, aceptó la demanda que puso un abogado para anular el nombramiento de Lula como ministro al entender que con ello el exmandatario solo busca protegerse con fuero privilegiado. Lula está siendo investigado por ocultación de patrimonio, lavado de dinero y falsificación de documentos, según la fiscalía.
La incertidumbre nublaba el ya turbulento escenario político brasileño cuando ayer un juez emitió una orden de suspensión del nombramiento de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo jefe de gabinete de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff.
Los detractores de Rousseff la acusan de haber orquestado una maniobra que tiene el propósito de evitar una posible detención de Lula da Silva, quien menos de dos semanas atrás fue arrestado y conducido para que declarara en una investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Solo la Corte Suprema brasileña puede autorizar que un miembro del gabinete, como lo es ahora Lula da Silva, responda a acusaciones en un proceso penal.
Rousseff ha dicho que el nombramiento de Lula da Silva no tiene nada que ver con los problemas legales que afronta el otrora popular exmandatario y dijo que él la ayudará a encarrilar la economía del país y será punta de lanza de la lucha para evitar un juicio político en su contra por irregularidades en el manejo de fondos fiscales.
El juicio político, no obstante, dio un paso más el jueves cuando la Cámara de Representantes brasileña dio vía libre para la creación de una comisión especial que adelantará el proceso.
La rabia que generó el nombramiento de Lula dio lugar a masivas protestas en Sao Paulo y la capital Brasilia, donde unos 3 millones de manifestantes, con muñecos inflables del exmandatario, vestido como presidiario, bloquearon las calles principales. Para hoy viernes se programó una manifestación a favor de Lula, pero no era definitivo si el exmandatario asistiría. Rousseff pasó a la ofensiva en la ceremonia de juramentación de ayer al tildar a quienes quieren su renuncia de “golpistas” y acusar al juez Sergio Moro, que dirige la investigación de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, de violar la Constitución y actuar en favor de la oposición.
“Sacudir la sociedad brasileña por medio de mentiras, maniobras furtivas y prácticas muy criticadas viola las garantías constitucionales y sienta precedentes muy graves”, dijo Rousseff. “Así comienzan los golpes” de Estado, agregó.
La orden proferida por un juez federal en Brasilia, que suspendió el nombramiento de Lula, no tomó por sorpresa a los brasileños que están acostumbrados al uso de estas tácticas para retrasar o interrumpir designaciones o decisiones políticas.
En la práctica, la efectividad de la medida es objeto de debate. Algunos abogados consultados insisten en que Lula ya es el jefe de gabinete y disfruta de los beneficios legales que le concede esa posición, mientras que otros argumentaban que había que esperar a que la medida cautelar sea dejada en firme o revocada por una instancia judicial superior.
Gustavo Binenbojm, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, insistió en que la medida cautelar es “válida hasta que sea revocada”, lo que significa que Lula da Silva aún no es ministro del gabinete.
“El gobierno no puede ignorar eso”, dijo Binenbojm. “El gobierno puede tratar de revocarla, lo que no le representaría mucho problema”.
Por otro lado, el abogado Joaquim Pedro Rodrigues, radicado en Brasilia, dijo que si la juramentación ya tuvo lugar, la suspensión no entraría en vigor hasta que haya una decisión final al respecto.