El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló una declaratoria de abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro, que fue aprobada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, alegando “desacato al Poder Judicial”.
La corte –que informó de la decisión a través de un comunicado– revocó también la designación de la nueva directiva del Legislativo, en una decisión que agudiza la pugna entre los poderes.
En reacción, el presidente del Congreso, Julio Borges, indicó que recurrirán a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, entre otras, para denunciar las detenciones del diputado suplente Gilber Caro (de Voluntad Popular) y el concejal Jorge Luis González (de Primero Justicia), así como las sentencias de la corte que anularon la designación de la nueva directiva y la declaratoria de abandono del cargo de Maduro.
La corte también autorizó a Maduro a presentar su informe anual de gestión en los próximos días ante el TSJ. La Constitución establece que el documento debe entregarse ante la Asamblea. La Sala Constitucional dijo que modificó los términos de presentación del informe ante la imposibilidad del Congreso de realizar “actos válidos”, lo que plantea una “omisión inconstitucional”.
El TSJ ordenó a los congresistas opositores que desistan del desacato al Poder Judicial y la “violación” de las normas constitucionales, según el comunicado, o sus acciones podrían acarrearles responsabilidades.
La Asamblea quedó a inicios de 2016 bajo control de la oposición tras 17 años en manos del oficialismo, lo que desató un enfrentamiento entre los poderes públicos. El TSJ ha anulado la mayoría de las leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo en ese período.
El vicepresidente Tareck El Assami fue quien anunció la detención de Caro, acusado de tener en su poder un fusil, 20 cartuchos de bala y tres barras de explosivo plástico C4. González también fue señalado de tener en su poder material explosivo y panfletos contra el Gobierno. Un tercer apresado fue el exministro de la Defensa, Raúl Baduel, a quien acusaron de incumplir su libertad condicional y tener material de actividades conspirativas en su casa. El abogado de Baduel dijo que la orden de aprehensión no dice por qué le revocaron su libertad.
El actual ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, dijo que las autoridades develaron un plan de golpe de Estado que implicaba a Caro, González y Baduel.
“Quieren tratar de frenar el país que quiere cambio a través de miedo”, dijo Borges al precisar que denunciarán al gobierno de Maduro por “terrorismo de Estado”.
En tanto, el contralor general, Manuel Galindo, confirmó la apertura de procedimientos administrativos contra Henrique Capriles y otros cinco funcionarios de la gobernación de Miranda.