Más de 142 mil hectáreas -o el equivalente al 60% de la superficie total de la provincia de Herrera- están bajo “aprovechamiento sostenible” o permisos de tala comunitaria entre Panamá este y Darién, proyectos que son cuestionados por comunidades indígenas por los daños ecológicos que causan.
De esas, en más de 60 mil hectáreas se talan árboles ubicados en el Bosque Protector Alto Darién (que se traslapa con la comarca Emberá Wounaan) e, incluso, están en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién.
Según el Ministerio de Ambiente, ente que autorizó el aprovechamiento maderero comunitario y de subsistencia, la legislación que protege el citado bosque permite su aprovechamiento porque la tala es selectiva: se dejan árboles de protección y semilleros, desarrollo que fue promovido en Darién por la oenegé internacional Fondo Mundial para la Naturaleza.
Este diario supo de múltiples irregularidades en estos proyectos comunitarios que concentran el 80% del volumen avalado. Y, pese a que en varias comunidades se talaron árboles ilegalmente, se les renovaron los permisos de tala, muchos de ellos basados en documentos que reflejan una realidad ecológica de hace más de una década.
Bosque Protector Alto Darién, el foco de la tala
El Ministerio de Ambiente (Miambiente) aprobó el aprovechamiento forestal en más de 68 mil hectáreas del Bosque Protector Alto Darién (BPAD) a través de permisos comunitarios “sostenibles”, que tienen una vigencia de hasta 25 años. Las comunidades afectadas denuncian que no existe sustentabilidad alguna y alertan de los riesgos ambientales.
Este bosque se creó “para proteger la región montañosa de Alto Darién, cuencas de grandes ríos y especies. Cualquier deforestación traería una escorrentía más violenta ...”, indica el decreto que creó esta área protegida.
Pero los estudios y “planes forestales sostenibles” pasan por alto que la operación se sitúa en un área protegida: “El objetivo es que utilicen racionalmente el bosque para el mejoramiento de sus vidas”. Miambiente asegura que en esa zona está permitido el aprovechamiento forestal.
Se trata de nueve permisos comunitarios y en trámite en la comarca Emberá Wounaan. Varios de ellos se traslapan con el Parque Nacional Darién (PND) y su zona de amortiguamiento, como el de la serranía de Jugurundó, Sábalo, Bajo Chiquito y Río Chico. Los permisos suman 175 mil hectáreas; no obstante, actualmente solo se extrae de Tupiza, Marragantí y Bajo Chiquito, ubicados en el Bosque Protector Alto Darién, confirmó el presidente del Congreso General Emberá Wounaan, Edilberto Dorigama.
“Se ha tratado, por lo menos en las tres últimas administraciones, como si el Bosque Protector no fuera un área protegida [...]. Yo jamás supe que era área protegida”, dijo Harley Mitchell, asesor legal de la entonces Autoridad Nacional del Ambiente.
“Con la experiencia que me dan los años en temas ambientales y viendo la crisis de la madera en Darién y el resto del país [los permisos comunitarios de tala] no me parecen correctos”, añadió. Matizó que en ellos la vigilancia es más estricta que en los simplificados, o los que antes se conocían como de subsistencia. Miambiente no debe autorizar nuevas talas si se incumplen normativas, dijo.
Entre Panamá este, Darién y las comarcas de la zona hay 142 mil hectáreas de manejo forestal, amparadas con permisos de tala, según registros oficiales hasta 2016.
Ello equivale a 2 mil 541 veces la superficie del parque Omar o al 60% de la superficie de toda la provincia de Herrera. Y de los 42 mil 600 metros cúbicos de madera aprobados entre 2017 y 2018, más del 80% del volumen se concentra en permisos comunitarios.
Este diario comprobó que Miambiente autorizó talas en comunidades que incumplieron normativas ambientales. Bajo Chiquito (dentro del BPAD), que en 2015 y 2016 infringió el plan de manejo y, aunque no pagó la multa de $56 mil, obtuvo permisos para talar en 2017. “Fue la empresa [compradora] la que cometió el delito, no le cerraron el permiso a la comunidad, pero, de acuerdo con la ley, le tenían que cerrar hasta por 20 años”, advirtió Dorigama.
También hay procesos administrativos inconclusos por tala ilegal en Wala y Nurrá (comarca Wargandí), confirmó Miambiente. Sin embargo, Nurrá recibió su permiso en diciembre pasado. En enero se formularon cargos por incumplir auditorías ambientales del plan forestal de Mortí (Wargandí), que desde 2015 tiene un proceso administrativo por tala ilegal de bálsamo y cocobolo, precedido de otro, de 2016, aunque Miambiente le avaló otros permisos de cortes.
“Miambiente se ha convertido en una fábrica de permisos”, reclamó Mitchell. Por ejemplo, se refirió al plan de Tupiza, en el BPAD, que abarca 26 mil hectáreas en 25 años. Para 2018, la tala fue de mil 235 árboles en 733 hectáreas, es decir, sobre una superficie que equivale a 19 veces Albrook Mall.
“Es un impacto enorme” y la resolución de tala no está suficientemente motivada [...] no se menciona la existencia del área protegida y se toma como antecedente un instrumento [el plan forestal] de 2005 para un permiso de 2018. ¿Dónde está la de conservación del sitio?”, se preguntó Mitchell. En efecto, ningún permiso reciente se basa en estudios actuales.
Dalia Vargas, directora forestal de Miambiente, explicó que solo se cortan los árboles marcados, se dejan semilleros y no se toca la zona talada hasta 25 años después para que se recupere.
¿Qué tienen en común los estudios comunitarios?
Que son bosques “poco intervenidos”, y que en la zona de influencia hay especies protegidas en peligro de extinción que figuran en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, como el jaguar y el águila harpía, cita el estudio de Bajo Chiquito, presentado en 2010.
Según registros oficiales, los permisos comunitarios registran irregularidades. “La mayoría no estamos de acuerdo y queremos paralizar los permisos. Miambiente nunca va allá. Si permitimos sacar madera a las empresas, nos van a dejar sin árboles”, dijo el cacique de Cémaco, Alonso Chanapi, y Tito Ortega, presidente del Consejo de Nokoras, en representación de 29 comunidades emberá de Cémaco.
Los ríos se secan y hay menos animales. “Tupiza lleva seis años de estar haciendo aprovechamiento maderero y sigue en la misma pobreza; no hay ninguna mejora en la vivienda ni calidad vida. No hay nada”, se quejan.
Los contratos y estudios los firman las autoridades reconocidas por el gobierno central –como Dorigama– y no por los indígenas, asegura su organismo de consulta (nokoras).
Por reglamentación, a las finanzas comarcales ingresarían 2 centavos por pie tablar, y lo resultante de la venta de madera sería para la comunidad beneficiaria, pero “eso no llega al pueblo [...] se lo queda el cacique”, afirmó Genaro Pacheco, vocero de los nokoras. “Hace más de cuatro años no se hace ningún informe”, reveló.
Dorigama dijo que, como máximo, se extraen tres árboles por hectárea, y que estos permisos mitigan la tala ilegal. “Tienen que aprovecharlo de manera sostenible. Ellos obtienen la materia prima y nosotros las ganancias...”. Todos los años –dijo– se divulga el resultado.
No solo los nokoras desaprueban la poca transparencia del presidente del Congreso. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reclamó “en numerosas oportunidades” a Dorigama “rendición de cuentas”, según una carta de 2015, sobre $108 mil del “Plan de Desarrollo Integral de los pueblos indígenas de Panamá”.
¿Vale la pena la tala?
Sí, afirmó Dorigama. Cada permiso genera $100 mil, el 40% se le paga a Miambiente en permisos, sin contar con los gastos del ingeniero forestal. En promedio, cada comunidad recibe $25 mil al año, dependiendo de la riqueza maderable. Marragantí ganó $75 mil el año pasado, dijo. Pero “la gran tajada se la lleva Miambiente por firmar la documentación”.
Al preguntarle por las principales fuentes de ingresos de su comarca, se olvidó de la venta de madera. “Genera casi lo mismo [que el plátano], un poquito menos, pero este es permanente, la madera es temporal”, en la época seca.
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WWF lidera auditoría de la tala que promueve
En septiembre se revelarían resultados de una veeduría de permisos de tala comunitarios y de subsistencia liderada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), con apoyo de otras organizaciones. La evaluación se efectúa desde 2017 y se inspeccionó el 10% de sitios con permisos, seleccionados aleatoriamente, dijo Carlos Espinoza, su representante en Panamá.
Los proyectos comunitarios de tala existentes los promovió WWF. Lo malo, según las autoridades indígenas de consulta (nokoras), es que no se les consideró y, según ellas, no se verifican los daños.
Espinosa, en calidad de ingeniero forestal, confeccionó una decena de estudios, planes forestales y de sitios de acopio de madera proveniente de las llamadas “talas sostenibles”. También fue verificador de cumplimiento y su organización es responsable de la mitigación, según Miambiente.
¿Cómo podría ser una auditoría independiente? Según Espinosa, desde 2007, WWF, con apoyo de organizaciones internacionales, promueve “el manejo y comercio forestal responsable”. Por ello, dijo, varios planes de manejo forestal comunitarios de la comarca Emberá Wounaan llevan su firma, “ya que fueron formulados por WWF”. “Hay debilidades en el modelo de manejo, debido a su aplicación que no se ajusta a lo planificado”. “Las veedurías aportarán información y recomendaciones para mejorar”.
Andrés Zuluaga, coordinador de la Estrategia de Tierras de The Nature Conservancy, advierte de que “hay un riesgo grande, pues en algunas de esas concesiones la situación ha favorecido la degradación de los bosques. Lo que empieza con una tala selectiva termina con extracción de las maderas más finas de los árboles más adultos... y con un bosque degradado...”.