Después de cinco sesiones en la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional se concluyeron ayer las consultas respecto al proyecto de ley 61, que busca adoptar políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud.
A pesar de que en el proceso participaron representantes de más de 30 organizaciones religiosas, médicas, estatales, universitarias, grupos de la sociedad civil organizada, y más de 50 personas a título personal hicieron sus aportes, aún se evidencia la falta de consenso.
Por ejemplo, Juan Francisco de la Guardia, presidente de la Alianza Panameña por la Vida y Familia, señaló que la norma debe ser eliminada por completo.
Consideró que con esta iniciativa legislativa se vulnera “la patria potestad”, y que, además, se induce a los niños y jóvenes a la práctica de actos sexuales.
Apuntó que la única forma de lograr disminuir la cifra de adolescentes embarazadas y las enfermedades de transmisión sexual es a través de la abstinencia y de una formación basada en valores y normas morales.
Por su parte, Anayansi Acevedo, de la Fundación para la Equidad de Género, opinó que existe un “atraso criminal” en cuanto a esta materia, por lo que urge aprobar esta normativa.
Recordó que desde el año 1999 se han discutido tres proyectos que han intentado llenar un vacío en cuanto a la salud reproductiva y sexual, sin que se hayan podido lograr avances significativos en esta materia.
“El statu quo es suficiente evidencia” para que la sociedad concrete acciones que permitan disminuir las cifras de adolescentes embarazadas y las enfermedades de transmisión sexual, dijo.
El diputado José Luis Castillo señaló que ahora corresponde a la comisión de Salud realizar las modificaciones e inclusiones que sean necesarias a la norma y determinar si la misma continúa o no su proceso en segundo debate.
A mediados de agosto, el pleno de la Asamblea aprobó bajar a primer debate el polémico documento, el cual estaba en el orden del día para su segundo debate.
