Manuel Antonio Domínguez Walker, detenido junto a otras 14 personas en la llamada operación El Gallero y presunto cabecilla de una red de narcotráfico y lavado de dinero que operaba en Azuero, movilizó sus operaciones desde la capital hacia esa región del país para bajar el perfil de las actividades delictivas.
Así lo aseguró ayer el director nacional Antidrogas de la Policía Nacional, Jhon Omar Dorgen, quien fue el primer testigo presentado por el Ministerio Público en el juicio que se sigue a los presuntos integrantes de dicha banda.
Dorgen detalló que obtuvo los primeros informes sobre la existencia de la red en octubre de 2016, aunque no fue sino hasta enero de 2017 cuando se iniciaron los trabajos de campo para identificar a sus integrantes y precisar su modus operandi.
Explicó que una fuente de “entero crédito” –que no identificó– le detalló que Domínguez Walker fue procesado en la provincia de Panamá por delitos relacionados con drogas, proceso del cual salió librado, y luego de ello decidió mover su operación hacia el interior.
Recalcó que la red tenía una estructura funcional compuesta por Domínguez Walker, quien era el supuesto cabecilla y encargado de coordinar los embarques; así como por Gabriel De Jesús Ibarra, José Antonio Villarreal Samaniego y Humberto Chávez Chen, encargado de las finanzas.
Markel Mora
Fiscal
En su declaración, Dorgen precisó que la fuente le informó que la red canalizaba parte de sus fondos a través de actividades festivas en La Villa de Los Santos, y que sus bienes, como autos de lujo, fincas y residencias, eran puestos a nombre de familiares y amigos para evitar sospechas.
Dijo que Domínguez Walker habría entregado $15 mil al alcalde de Los Santos, Eudocio Pany Pérez, a través del asistente de este, Manuel Vásquez, en una reunión en un restaurante en Azuero.
Sin embargo, al ser interrogado por Gladys Quintero, abogada de Pany Pérez, el funcionario aclaró que no le constaba que ese dinero hubiese sido entregado al alcalde, aunque los agentes que participaron en las operaciones certificaron que la reunión sí se registró.
Además, Dorgen detalló que la banda compraba autos de lujo para justificar el dinero procedente de la venta de estupefacientes.
En los allanamientos efectuados como parte de la operación, la fiscalía decomisó 28 vehículos, residencias a Domínguez Walker y a Chávez Chen, así como el jardín Don Beto, ubicado en La Villa de Los Santos.
Entre los vehículos incautados destacan un Lamborghini Huracán; cinco Lexus; tres Mercedes Benz; un Jaguar; un Porsche; un Peugeot; y dos Toyota Land Cruiser. Asimismo, un apartamento en Nikki Beach, Playa Blanca, valorado en 350 mil dólares.
Dorgen recalcó que, como parte de las investigaciones relacionadas con la red también fueron incautados dos cargamentos de cocaína, uno de 811 kilos y otro de 966 kilos, en Sabana Grande y playa El Chumajal, en la provincia de Los Santos.
Explicó que José Antonio Villarreal facilitaba terrenos a Domínguez Walker para ocultar la droga.
Así mismo, afirmó que el mayor de la Policía Luis Omar Álvarez cooperaba con la red criminal, prestándole el servicio de verificación de las placas de algunos vehículos.
Pero al ser interrogado por el abogado de Álvarez, Israel Marín, dijo que no le constaba que existiera un reporte en el que se estableciera que Álvarez hubiese realizado dichas actividades para la red criminal.
Me quedo en el proceso
Mientras, el alcalde Pérez, en una entrevista dada a varios medios de comunicación, manifestó que, a pesar de haber sido electo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), le gustaría que este proceso siguiera en la justicia ordinaria, para limpiar su nombre.
Pérez aseguró que todo este proceso es una “patraña del Ministerio Público y del presidente Juan Carlos Varela”.
“Todo lo que hay contra mí es un bochinche, que se aclarará en este proceso. A mí me han juzgado y condenado sin ser culpable”, dijo Pérez.
Fiscalía: se ha avanzado
Por su parte, el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, dijo que el primer testigo presentado ayer dio claros detalles de lo que se encontró durante la investigación, y que poco a poco la fiscalía irá confirmando su teoría del caso durante el juicio.
El fiscal explicó que se trató del primer testigo, cuya declaración tenía como objeto comenzar a exponer los hallazgos de la fiscalía en la fase de investigación.
La fiscalía presentará durante este juicio 83 pruebas testimoniales y 100 pruebas documentales, que fueron validadas por un juez de garantías. A la defensa le validaron un número similar de pruebas.
Seis de los imputados en el caso están detenidos provisionalmente y el resto tiene medidas menos severas.
