Las irregularidades en el otorgamiento de concesiones obligaron a Tocumen S.A. a solicitar una declaración jurada de los accionistas y socios de las empresas con negocios en la terminal aérea.
La administración del aeropuerto emitió el 8 de octubre una circular en la que exige al detalle los nombres de los beneficiarios finales de las compañías.
En caso de que los accionistas y socios sean personas jurídicas, la declaración jurada “se extiende hasta llegar a los nombres y apellidos verídicos de las personas naturales dueñas de las acciones o cuotas sociales de la sociedad que posee actualmente una concesión con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.”, advierte el documento.
El plazo para presentar la información vence en un máximo de cinco días hábiles desde la notificación de la circular. Esto implica que los concesionarios tienen hasta mañana para cumplir.
Tocumen S.A. basa su solicitud en la Ley No. 32 de 5 de abril de 2011, referente a las zonas francas, y que aplica en el área comercial de la terminal. En esta se exige la entrega de certificaciones de accionistas y socios de empresas.
La circular también hace referencia a la resolución No. 006 del 12 de marzo de 2014, la cual estipula que todos los concesionarios deben informar al aeropuerto los cambios en la representación legal y junta directiva. Además, acatar las órdenes y lineamientos emitidos en resoluciones o circulares.
La petición de Tocumen S.A. surge tras auditorías internas que detectaron concesiones otorgadas por la vía directa. Estos procesos generaron millonarios negocios para las empresas e irrisorios ingresos para la terminal; todo gestado en la pasada junta directiva de Tocumen S.A., liderada por el exministro Frank De Lima.
Con la declaración jurada se conocerá la solvencia moral y financiera de las empresas que han firmado contrato de concesión. Vertikal Corporation es un ejemplo de lo desconocido que pueden ser los accionistas.
A días de que terminara la gestión Martinelli, esa compañía logró, por vía directa, una concesión de uso de fondo de mar que le permite suministrar por 20 años combustible en el aeropuerto.
Su representante legal es Lucas De León, un desconocido para la industria logística que prometía incursionar en un negocio de $35 millones.
Este medio comprobó que De León era en ese momento un empleado del grupo Btesh & Virzi, propiedad de Gabriel Btesh y Felipe Pipo Virzi, del círculo de poder del expresidente Martinelli.