La extitular de Educación Lucy Molinar y la excontralora Gioconda Torres de Bianchini no rindieron declaración indagatoria ayer ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que las imputó en la investigación por supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada por $45 millones a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Fuentes vinculadas con la investigación del caso informaron de que Lucy Molinar se acogió al artículo 25 de la Constitución, que dice: “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía contra sí mismo, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
Mientras tanto, los abogados de la excontralora Torres de Bianchini presentaron una incapacidad médica, que excusa a su cliente de asistir ante la fiscal Vielka Broce hasta el 6 de marzo próximo.
Luego de la presentación de ambos recursos, la fiscal Broce tendrá que fijar nuevas fechas para tomar declaración indagatoria a las exfuncionarias del gobierno de Ricardo Martinelli, acusadas con base a los resultados de una auditoría practicada por la Contraloría General de la República.
En dicho informe, los auditores concluyeron que Molinar, como autoridad máxima del Ministerio de Educación, entidad beneficiada directamente del proyecto Nutriescuelas –que gestionó la distribución de la comida deshidratada en escuelas públicas de todo el país–, no supervisó como “un buen padre de familia” los resultados de la utilización de esos alimentos.
En cuanto a Torres de Bianchini, los auditores concluyeron que la excontralora era quien consideraba viable seguir con el trámite del refrendo del contrato.
El informe de auditoría de la Contraloría General señala que ambas exfuncionarias no cumplieron con su deber de supervisión en el trámite y entrega de los productos.
Plantea que Molinar y Torres de Bianchini debieron ser probas en el manejo de la cosa pública.
El exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli y el empresario Rubén De Ycaza –este último presidente de la empresa Lerkshore International Limited, S.A., que obtuvo el millonario contrato de la comida deshidratada– también son investigados en este proceso y a ambos les fue impuesta una medida de detención domiciliaria.
Al rendir declaración indagatoria, Giacomo Tamburrelli afirmó que el expresidente Martinelli le ordenó conceder dicho contrato.
