La Defensoría del Pueblo de Panamá comenzó el pasado jueves 15 de febrero un proceso mediante el cual pretende establecer un sistema integral de protección de defensores de derechos humanos.
Alfredo Castillero Hoyos, defensor del Pueblo, señaló que como autoridad han estado en permanente contacto con “las problemáticas que amenazan el ejercicio del activismo en materia de derechos humanos en la República”.
De hecho, mencionó que en el país son más de 15 los casos registrados de activistas que se han visto amenazados de manera física o a través de demandas civiles o penales por defender los derechos de la mayoría.
Es por ello, dijo, que se decidió organizar un diálogo para trabajar en los lineamientos de un anteproyecto de ley que permita garantizar la seguridad e integridad de estas personas.
En el evento participó Diego Fernando Mora, director general de la Unidad Nacional de Protección de Colombia, que atiende este tema en el país vecino.
Mora aportó que en Colombia el sistema de protección ha sido bien acogido y ha tenido buenos resultados, toda vez que se trata de una una unidad autónoma, que mantiene una adecuada comunicación con las diferentes entidades del Estado que atienden el tema, las políticas de prevención que se gestionan, así como la certeza de acciones contra quienes intentan socavar la libertad de expresión y acción de los activistas.
En los últimos dos años, activistas y defensores de derechos humanos en Panamá han sido demandados o denunciados por empresarios o servidores públicos, por reclamar que se respete el tema urbano, así como el medio ambiente.