Personal de la Dirección Legal del Municipio de Panamá realizó esta semana una visita al proyecto de ensanche de la vía Omar Torrijos -Corozal - Red Tank y vía Centenario, en el corregimiento de Ancón, con el fin de documentar que el proyecto está en desacato.
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió suspender el pasado 11 de febrero la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA), categoría II, del proyecto que adelanta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) -mediante el consorcio Astaldi-MCM, integrado por las constructoras Astaldi, S.A. y MCM Global, S.A.- por $89.1 millones.
La vicealdesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, indicó que tanto el MOP como el Ministerio de Ambiente (Miambiente) debieron haber sido notificados formalmente la semana pasada por la CSJ sobre la decisión.
Sostuvo que enviarán a la Corte una denuncia sobre la situación para que tomen acciones en firme, porque a pesar de la orden emitida para suspender el EIA el proyecto sigue su curso.
Mientras que la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá también hará una inspección para verificar el tema del movimiento de tierra, ya que el proyecto no cuenta con permisos de construcción ni planos aprobados.
De hecho, en un informe elaborado en noviembre pasado por la Dirección de Obras y Construcciones, se le comunica al alcalde del distrito capital, José Isabel Blandón, que la entidad no cuenta con ningún documento relacionado con la obra, cuando toda infraestructura requiere de la revisión de planos y de un permiso de construcción para su ejecución.
En el documento se plantea que todo proyecto debe cumplir con el Acuerdo No. 281 de diciembre de 2016, y su artículo 3, que dicta que “para cualquier obra de construcción, mejoras, adiciones a estructuras y movimientos de tierra dentro del sector privado y público, es necesario obtener permiso escrito otorgado por la Dirección de Obras y Construcciones”.
Es por ello que, en el caso de la ampliación de la vía Omar Torrijos, por tratarse de un proyecto estatal y dado que se encuentran realizando movimientos de tierra y construcción de infraestructuras, deben obtener los permisos correspondientes, como establecen los artículos 32, 38 y 39 del Acuerdo No. 281 de diciembre de 2016.
Protesta
Ante este escenario, miembros de la Asociación de Comunidades del Área del Canal acudieron ayer a la sede del MOP, en Albrook, con pancartas y consignas, a exigir al ministro de la institución, Ramón Arosemena, que acate el fallo de la CSJ de suspender los trabajos en la vía Omar Torrijos.
Aida Torres, miembro de la asociación, señaló que lo actuado por el MOP es una violación a la ley. “Esto deja ver un abuso de autoridad, desde una posición ventajosa. Estamos en espera de una respuesta de las autoridades”, acotó.
“Lo que produjo el fallo fue que la empresa constructora acelerara los trabajos”, dijo.
En tanto, Susana Serracín, miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, manifestó que es inaceptable que el MOP esté actuando en abierto desacato. “Eso es inconcebible si decimos vivir en un Estado de derecho”, expresó
Para Serracín, ninguna institución está por encima de la ley y el Municipio, que fue el que presentó la demanda, debe hacer una advertencia formal de lo que está sucediendo, para que se apliquen las sanciones respectivas.
Origen
El conflicto con el proyecto de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la carretera Omar Torrijos -Corozal - Red Tank surgió porque impactó 13 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces, creado por la Ley 30 de diciembre de 1992 , con el fin de conservar la zona boscosa y de viejos caminos de piedra que datan de la época colonial.
Los daños fueron advertidos en el EIA categoría II aprobado por la Dirección de Evaluación Ambiental de Miambiente, en el que se señala “que el cambio de uso de suelo será permanente, debido al reemplazo de áreas boscosas por superficies pavimentadas . De igual modo, el paso de la carretera afectará algunos sectores del Parque Nacional Camino de Cruces”.
Las autoridades del Municipio de Panamá, residentes y ambientalistas coincidieron en que por el nivel de impacto en el área protegida y patrimonial, el EIA debió ser categoría III, sin embargo, fue presentado como categoría II, con lo cual se evitó el trámite de hacer una consulta ciudadana.
Detalles del proyecto
El proyecto beneficiará a, al menos, 30 mil conductores que se desplazan en las horas pico por esta vía, según datos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.
Entre esos beneficiados está Franco Giono, quien reside en Panamá Oeste. Dice que esta ampliación vial es necesaria, porque ahora tarda hasta cuatro horas para ir y regresar a su hogar.
Reconoció que como cualquier obra humana en la naturaleza tiene su impacto ambiental, por lo que es deber de los funcionarios de Miambiente monitorear las medidas de mitigación exigidas en el Plan de Manejo Ambiental.
Este medio solicitó una versión al MOP sobre el tema, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.