El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) colocó a Panamá en nivel 2 de vigilancia, en una escala de 1 a 3, por no cumplir a cabalidad con los estándares mínimos para prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
Un informe de la entidad, que incluye las acciones realizadas en 2013 por la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, revela que el gobierno pasado no demostró haber aumentado de forma general sus esfuerzos para combatir la trata de personas en comparación con el informe anterior.
El documento plantea que la mayoría de las víctimas de este delito en Panamá están afectadas por la explotación sexual y son mujeres adultas naturales de Colombia, República Dominicana y algunos de los países de Centroamérica.
El análisis advierte, asimismo, que en los últimos años se han detectado niños y niñas indígenas víctimas de servidumbre doméstica y ciudadanos provenientes de China sujetos de servidumbre por deudas, quienes en su mayoría laboran en tiendas de víveres, lavanderías y pequeños comercios.
A su vez, revela que se han encontrado ciudadanos oriundos de la India y Nicaragua sometidos a trabajos forzados en áreas como la minería y la construcción.
Otra de las irregularidades encontradas fue que las autoridades panameñas no protegieron adecuadamente a las víctimas del flagelo y que los funcionarios no sabían cómo identificar la trata de personas y en algunos casos las estigmatizaban.
Álvaro Varela, secretario general del Ministerio de Seguridad, afirmó que la mala calificación de Panamá se debe a que los funcionarios que en el gobierno anterior estuvieron a cargo de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas no hicieron su trabajo.
Varela dijo que ahora trabajan en la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional (PN), para combatir este delito.
Aseguró, además, que instalarán una línea de denuncias, de modo que la PN pueda ayudar a las víctimas; al tiempo que instalarán un sistema integrado de intercambio de información con los países de la región, para hacer frente al delito, que tiene carácter transnacional.