PROPUESTA. El Tribunal de Cuentas presentó al Ejecutivo un proyecto de ley, para que se faculte a esa entidad para rematar los bienes secuestrados a funcionarios que han cometido lesiones patrimoniales al Estado. El magistrado Alberto Cigarruista explicó que se busca crear un tribunal de ejecución de sentencia, ya que la ley vigente establece que el Tribunal de Cuentas condena, pero es la Dirección General de Ingresos la que remata. “Hay más de mil carros, helicópteros y 408 fincas secuestradas”, dijo.