ANÁLISIS

Caso El Gallero: Tribunal de juicio saca las espuelas

Caso El Gallero: Tribunal de juicio saca las espuelas
Caso El Gallero: Tribunal de juicio saca las espuelas

El 25 de septiembre de 2017, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, anunció al país que una operación de seguimiento e inteligencia denominada El Gallero había tenido como resultado la detención de 11 personas.

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Tribunal de Juicio declara no culpables a los 15 implicados en la operación El Gallero

Según la funcionaria esta era una red que facilitaba la logística para los narcocarteles colombianos del Pacífico, asegurando el transporte de drogas por las provincias de Los Santos y Chiriquí.

Aunque entonces Porcell no identificó por nombre a uno de los detenidos, sí indicó que era alcalde en la región de Azuero.

En tanto, el secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) , Pedro Miguel González, lo identificó como el primer subsecretario de ese colectivo, Eudocio Pany Pérez.

Las álgidas relaciones que existían entre el PRD y el gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) se volvieron más tóxicas, ya que se le quiso dar un cariz político a esta investigación.

Caso El Gallero: Tribunal de juicio saca las espuelas
Caso El Gallero: Tribunal de juicio saca las espuelas

La sentencia

Dos años después de iniciadas las pesquisas, un Tribunal de Juicio Oral emitió su fallo: “Este miércoles 2 de octubre de 2019, con base en la sana crítica de los elementos presentados y excesivas falencias...”, dice el comunicado del Órgano Judicial que registra otra debacle para el Ministerio Público en un caso de alto perfil en el sistema penal acusatorio.

Los 15 acusados (los 11 originales más otros 4) fueron declarados “no culpables”.

Los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Juicio oral se asemejan a los del tribunal que declaró “no culpable” al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) en el caso de los pinchazos.

Los jueces, Kathia Rodríguez Alvarado (presidenta), Aldo Jhonson Gobern (relator) y Marysol Osorio Leyton, argumentaron que no se podían admitir pruebas “trasladadas” –aquellas que provienen de otro proceso judicial ya concluido–; descartaron 99 interceptaciones de telecomunicaciones, y descalificaron a los peritos y técnicos que expusieron los componentes financieros del caso.

¿Como van a descalificar y despreciar de esta forma lo presentado por la fiscalía?

Recordemos que esta investigación se inició en octubre de 2016 y no fue hasta septiembre de 2017 cuando se hicieron los arrestos.

En los seguimientos y en los trabajos de inteligencia colaboraron funcionarios de la Policía Nacional, quienes arriesgan su vida para decomisar la droga que pasa por Panamá.

El protocolo de trazabilidad de fondos y bienes producto de blanqueos de capitales está homologado entre todas las entidades del sistema de investigaciones y análisis financiero. Es decir, los peritajes presentados son la norma, los que se usan siempre y por los que el país ha sido reconocido internacionalmente.

Pero resulta que el Tribunal de Juicio sabe más de esto que la GAFI, la Interpol y el FBI juntos.

“En la audiencia de comunicación del sentido del fallo, este Tribunal de Juicio manifestó que, entre los elementos que presentó el Ministerio Público y que disminuyeron el valor probatorio, constaban una errada formulación de acusación, la ilicitud de las escuchas telefónicas, violación en la cadena de custodia, violación al derecho de la defensa, utilización de hechos y testimonios en causas ya juzgadas.”

Estas afirmaciones del tribunal contrastan mucho con lo que son sus funciones. Esto es lo que hace más preocupante la decisión, porque confirma una tendencia.

Según el Código Procesal Penal, el Tribunal de Juicio solo evacuará las pruebas y escuchará los alegatos de las partes. Las evidencias ya habían sido filtradas y aprobadas por el juez de garantías, Carmelo Zambrano.

No es posible que tres jueces descarten las fases anteriores del proceso. Por ejemplo, las 99 interceptaciones (audios) fueron descartadas porque, según el tribunal, no habían sido autorizadas por un juez de garantías. ¿De verdad podemos creer que el juez de garantías que conoció este caso por meses, no lo saneó?

Es claro que si hubo interceptaciones telefónicas, el Ministerio Público y las otras agencias participantes iban a obtener la autorización máxima para sus pesquisas. Sería bueno que la Corte Suprema de Justicia aclarase si fue la Sala Penal la que dio esa autorización.

En caso contrario, tendríamos otro caso de pinchazos, por el cual el fiscal Markel Mora y todos los agentes de los cuerpos de seguridad que participaron en este componente de la operación El Gallero tendrían que responder a la justicia por interceptaciones ilegales.

La lógica bizarra del fallo indicaría que la Corte no es competente para autorizar interceptaciones, pero que un juez de garantías, de una jerarquía muy inferior, sí lo puede hacer.

Atrás quedan las 2.1 toneladas de drogas incautadas, los vehículos con doble fondo, las armas de guerra y el millón de dólares en efectivo encontrados por las autoridades.

A los panameños nos queda la pregunta: ¿nos merecemos esta justicia?

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