El Tribunal Constitucional español inició ayer los trámites para la adopción de medidas punitivas contra líderes separatistas catalanes por aprobar una resolución en el Parlamento regional en la que definían el camino de la comunidad autónoma hacia la independencia.
El alto tribunal, que había advertido de la ilegalidad de dicha resolución días antes de su aprobación el pasado miércoles, procedió a su suspensión provisional antes de anularla definitivamente, informó en un comunicado.
También los jueces decidieron iniciar los trámites para una eventual toma de medidas punitivas contra la mesa del Parlamento regional, el órgano que dirige la cámara catalana, por no haber impedido la votación como se le había reclamado previamente. Estas podrían ir desde una multa de 3 mil a 30 mil euros, hasta la suspensión de funciones o la apertura de un proceso penal contra ellos.
La resolución, aprobada el pasado miércoles por los 72 diputados independentistas de los 135 que integran la cámara regional, defiende la secesión de España como “la única manera posible” para que los catalanes decidan su futuro, y esboza los pasos a seguir para la redacción de la Constitución de la futura república catalana.