Ayer lunes, el gobierno de Donald Trump continuó su ofensiva contra la inmigración a través de una nueva norma que impediría a inmigrantes obtener la tarjeta de residencia si han utilizado los beneficios del gobierno o si es probable que los usen.
La regulación, de 837 páginas, probablemente será más difícil para los inmigrantes legales de bajos ingresos que hacen gran parte del trabajo doméstico del país en granjas y en la industria de servicios.
Acuerdo México- Estados Unidos
La norma remplaza la política actual que dice que los inmigrantes no deberían recibir más de la mitad de sus ingresos en beneficios en efectivo, como la asistencia temporal para familias necesitadas o ingresos de seguridad suplementarios del seguro social.
Según la nueva definición más integral, se supone que los inmigrantes no deben usar beneficios públicos como Medicaid, asistencia de vivienda pública o cupones de alimentos durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
Si lo hacen, corren el riesgo de ser categorizados como demasiado dependientes de los servicios gubernamentales.
“Ciertamente, esperamos que alguien de cualquier ingreso pueda sostenerse por sí solo”, manifestó el director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, a los periodistas ayer lunes en la Casa Blanca.