Diversas organizaciones empresariales de Nicaragua condenaron el ataque que sufrieron empresarios y periodistas por parte de turbas sandinistas, la mañana del pasado sábado.
Una comitiva del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de la Alianza Cívica, conformada por José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, junto a los periodistas Jaime Arellano y Aníbal Toruño, sufrieron una “violenta agresión” por seguidores del presidente Daniel Ortega.
La comitiva acompañaba al periodista Toruño, quien regresaba a su natal León, luego de nueve meses exiliado en Estados Unidos, destaca el diario nicaragüense La Prensa.
“El ataque, que puso en peligro la vida de los mencionados, fue perpetrado por paramilitares motorizados que se abalanzaron contra los vehículos al momento de ser detenidos por un retén policial, momento que aprovecharon para lanzar piedras y al menos un disparo, mientras efectivos policiales se limitaban a observar sin hacer absolutamente nada para detener la agresión”, señala un comunicado del Cosep.
La sede de Radio Darío en León, propiedad de Toruño, amaneció con mensajes amenazantes en sus paredes. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que seguidores de Ortega llegaron en motocicletas, escribieron los mensajes con spray y le tomaron fotografías, antes de marcharse. Luego, otra turba regresó, rompió las ventanas y destruyó las cámaras de vigilancia.
También fue vandalizada la residencia de Toruño.
El pasado viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que en Nicaragua se incrementaron los ataques contra defensores de derechos humanos y opositores al gobierno de Ortega.
La CIDH declaró “preocupación por un incremento de hostigamiento” a defensores de derechos humanos, abogados, opositores excarcelados y detenidos vinculados a protestas antigubernamentales, según cita la agencia AFP.
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018, cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social luego derogada y que derivó en un pedido de renuncia de Ortega por la represión ejercida contra los manifestantes.
Desde entonces, la CIDH ha documentado 325 muertos, 2 mil heridos y 62 mil 500 exiliados.
La CIDH destacó que cientos de opositores fueron excarcelados bajo una ley de amnistía en junio pasado, y ahora son objeto de “hostigamiento, amenazas y agresiones” de agentes de policía y civiles motorizados, mediante constantes interrogatorios y vigilancia a sus domicilios, según testimonios recibidos por la comisión.
Según la comisión, 126 personas continúan detenidas por su oposición al gobierno de Ortega.