Gustavo García de Paredes, rector durante los últimos 19 años en la Universidad de Panamá (UP), presentó ayer su último informe de rendición de cuentas.
Durante el acto, García de Paredes aseguró que esa casa superior de estudios ha crecido en todos los sentidos, hasta el punto de ser una institución saludable.
Como parte de los principales logros obtenidos durante su gestión, mencionó la cobertura que ha llegado a tener la UP, con presencia en cada provincia a través de los 10 centros regionales, 12 programas anexos y 18 facultades.
Añadió que se va satisfecho de haber logrado una gestión que ha ampliado los horizontes de la población más vulnerable del país.
“Hemos logrado una educación accesible, de calidad y pertinente a la demanda laboral... a través de la Universidad de Panamá hemos transformado el país”, dijo.
En su discurso, no desaprovechó la oportunidad para referirse a las investigaciones que se adelantan en la Contraloría General de la República por supuestos malos manejos durante su administración.
Una de las auditorías corresponde a los contratos de arrendamiento de terreno de la UP en Tocumen y que, según la Contraloría, contienen múltiples condiciones de “desventaja” para los intereses de la entidad, y por ello recomendó emprender las acciones y modificaciones pertinentes.
Así lo sugirieron tres informes de auditoría entregados en julio pasado al Ministerio Público, que abordaron los alquileres de fincas en Tocumen, que en conjunto miden 65 hectáreas.
El pasado mes de mayo, la Contraloría también remitió al Ministerio Público una auditoría que reveló la posible lesión patrimonial al Estado por el orden de los $3.5 millones.
Dicha auditoría fue sobre las supuestas irregularidades en el proyecto de “diseño, construcción y equipamiento” del Centro de Innovación y Emprendimiento” en la casa de estudios.
Al respecto, García de Paredes señaló que las investigaciones que se siguen son “políticas” y añadió que “nada van a encontrar (...) hemos hecho todas las rendiciones”.
Respecto a las finanzas de la institución, detalló que el patrimonio de esta alcanza hoy $264 millones, frente a $79.6 millones que tenía cuando él ingresó en 1993.
Sobre el presupuesto que rige actualmente, manifestó que de los $230 millones se ha ejecutado casi el 92% y precisó que las finanzas de la UP son “sanas y sin deudas”, a excepción de casi $5 millones correspondientes a trabajos ejecutados y que quedan pendientes por pagar, pues no han recibido el refrendo de la Contraloría.
A su juicio, la UP ha crecido en calidad educativa, en su patrimonio, en trabajos de investigación, a pesar de los “ataques” y “calumnias” en contra de la Universidad y sus autoridades.
“Me llevo buenos recuerdos de la obra realizada y de apoyar a la gente de escasos recursos”, concluyó.
‘NO ES LA REALIDAD’
Para los integrantes del Movimiento de Adecentamiento de la Universidad de Panamá (Movadup), lo expuesto por García de Paredes no refleja la realidad actual de la casa de estudios Octavio Méndez Pereira.
José Garrido, coordinador general de Movadup, dijo que lo señalado por el rector saliente es una “isla de la fantasía” y añadió que la realidad es que la Universidad está plagada de una serie de problemas administrativos, financieros y académicos, que están arraigados a lo interno de la institución.
Decir que la Universidad ha crecido cuando “ha aumentado el nepotismo, el abuso de autoridad, la impunidad de quienes cometen delitos; cuando se crean normas para beneficio propio o se entrega el patrimonio de la institución, es llegar al cinismo en extremo”, consideró Garrido.
Por su parte, Vicente Archibold, también miembro de Movadup, consideró que durante estas casi dos décadas la UP se ha convertido en un “centro político” en lugar de uno académico.
Detalló que la Universidad ha crecido en cuanto al personal administrativo y docente; sin embargo, la matrícula ha ido disminuyendo paulatinamente, al pasar de 70 mil alumnos en 2009 a unos 49 mil en 2016.
Desde el punto de vista de Archibold, el cambio de administración en la Universidad por sí solo ya es un cambio “positivo”, pero corresponderá a las nuevas autoridades devolver la calidad educativa y el prestigio de la casa superior de estudios.