La plataforma tecnológica de transporte Uber continuará operando en el país sin ninguna restricción.
Así lo informó en la tarde de ayer –mediante un comunicado– la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que, además, detalló que adelanta un proceso administrativo sobre la utilización de plataformasdigitales para el servicio de transporte público.
Agregó que mientras ese proceso no concluya, la ATTT no emitirá ninguna instrucción en contra del servicio que ofrece Uber.
La decisión fue rechazada por los miembros del Sindicato de Transporte Turístico de Tocumen, quienes dieron un ultimátum de 24 horas a las autoridades para que retiren los vehículos que ofrecen el servicio de Uber en hoteles, centros comerciales y el aeropuerto.
Efraín Palacios, secretario general del sindicato, advirtió que si mañana detectan a estos conductores en sus áreas de trabajo, tomarán acciones al respecto.
Precisó, asimismo, que esperarán hasta el 30 de este mes para que las autoridades definan la situación legal de la plataforma.
MEDIDA DE FUERZA
Ayer, a partir de la 5:30 a.m., más de 100 conductores del servicio de transporte público de turismo realizaron una caravana desde Juan Díaz hasta la cinta costera.
“Nos encontramos en la calle, porque no estamos de acuerdo con la operación de Uber. Ellos están fuera de la ley”, dijo Palacios.
Agregó que Uber incumple con la Ley 14 de mayo de 1993, que regula el transporte público de pasajeros.
“A nosotros se nos exigen dos placas, seguro comercial, licencia profesional, cumplir con todas las normas de tránsito, cambiar la flota cada cinco años y, en cambio, a Uber no le piden nada”, puntualizó.
Según el dirigente, la competencia “desleal” de Uber ha causado pérdidas de 50% en sus ganancias.
Tras la protesta de los conductores sobre la avenida Balboa, una comitiva se dirigió a la Presidencia de la República y allí se reunió con el director general de la ATTT, Julio González, y con otros representantes de la entidad, durante unas dos horas y media.
De acuerdo con Palacios, después de este encuentro acordaron esperar hasta el 30 de mayo por el pronunciamiento formal del Gobierno sobre la situación legal de la plataforma Uber en el país.
DEFENSA DE UBER
Frente a este escenario, Julia Robinson, vocera de Uber para Centroamérica y el Caribe, indicó que las operaciones de la plataforma están enfocadas en el “bienestar de sus socios y usuarios”.
Informó que desde 2014, cuando comenzaron sus servicios en el país, se han registrado 8 mil socios y 200 mil usuarios.
“Creemos firmemente que todas las personas tienen el derecho a escoger la forma de movilizarse de acuerdo con sus necesidades y preferencias”, concluyó Robinson.
Por su lado, Sandra Escorcia, exdirectora de la ATTT, opinó que las plataformas digitales que ofrecen en el país servicios de transporte “no son ilegales, porque cuentan con una licencia comercial”.
Desde su punto de vista, estas herramientas vienen a llenar una demanda no satisfecha por quienes brindan el servicio de transporte a los miles usuarios.
En ese sentido, planteó que, a pesar de que en el país existe un “exceso de taxis”, a razón de 22 por cada mil habitantes, cuando el promedio en la región es de 6 por cada mil, el usuario no se siente satisfecho.
Por último, consideró también que mientras no exista un plan integral del sistema de transporte público, el debate continuará en todo Panamá.
Durante los últimos años, organizaciones de usuarios, como el Movimiento 23 de Octubre, vienen cuestionando el “mal servicio” de transporte que se presta en el país, tanto en el colectivo como en el selectivo.
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