El presidente Juan Carlos Varela invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos a venir a Panamá para conocer el centro penitenciario de Punta Coco, ubicado en Isla del Rey.
“Sería interesante que la comisión visite Panamá [y] entienda un poco más el país. Los invito a que visiten el centro y vean las facilidades que se están dando en ese lugar. De comida, de todo (...) comparado con otros centros del país, que estamos remodelando actualmente...”, dijo el mandatario en la provincia de Veraguas.
Varela respondió a una petición que hizo la CIDH a Panamá el pasado 25 de febrero, a fin de que adopte medidas para cesar el aislamiento de los detenidos en Punta Coco.
Sin embargo, el presidente alegó que esa cárcel ha permitido “evitar que quienes dirigen las bandas más peligrosas de este país puedan actuar con la facilidad con la que lastimosamente estaban actuando en otros centros penitenciarios”.
Incluso, dijo que ha permitido proteger la seguridad de los mismos reos, que si conviven en otras cárceles corren riesgo de muerte.
Pese a que Varela ha defendido varias veces el traslado de estos detenidos a la isla –ubicada a 107 kilómetros al sur de la costa panameña en el archipiélago de Las Perlas–, afirmó que como país respetuoso del derecho internacional “haremos frente a los cuestionamientos que se hacen, buscando siempre cumplir con la Constitución”.
En la resolución 5/2016 de medida cautelar, la CIDH advierte de que todas las personas detenidas en Punta Coco “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal están en riesgo”.
Por ello, pidió al país adoptar medidas para preservar su vida e integridad mediante la adopción de reglas que hagan cesar la situación de aislamiento en la que se encuentran.
También solicitó que se adopten medidas para preservar la vida y la integridad de Félix Humberto Paz Moreno, quien presentó las quejas ante la CIDH.
La comisión dio plazo de 15 días –contados a partir de la fecha de emisión de la resolución– para que se adopten estas reglamentaciones.
En fallo del pasado 30 de diciembre, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia avalaron el traslado de reos de alto perfil a Punta Coco, “siempre y cuando las circunstancias del caso lo ameriten y se garantice su integridad personal y el derecho a la defensa”.
En marzo de 2015, la defensora del pueblo Lilia Herrera Mow envió una carta al Ministerio de Gobierno y Justicia, en la que solicitó reconsiderar de la apertura del reclusorio en la isla, pues de lo contrario, el país estaría violando derechos humanos de los detenidos, acción por la cual el Estado podría ser demandado ante organismos internacionales de derechos humanos.