La inversión en propaganda estatal tuvo un bajón significativo en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019).
Según un reporte de la Secretaría de Comunicación del Estado del pasado gobierno, en ese renglón invirtieron $26.4 millones, es decir $248.4 millones menos de lo que desembolsó la gestión de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Aunque no hay cifras oficiales para comparar lo gastado en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), Eric Rodríguez Auerbach, secretario de Comunicación del Estado en esa administración, explicó en su momento (La Prensa, 4 de septiembre de 2014) que por año invertían unos $27 millones. Entonces, según sus cálculos, en aquel quinquenio se habrían gastado unos $135 millones en promoción oficial.
Lea aquí Publicidad: 'premio y castigo'
Año electoral
En 2013, año preelectoral, Martinelli gastó $79.8 millones. Fue la época en que irrumpió el publicista brasileño Joao Santana. Él y su esposa Mónica Maura son protagonistas del escándalo Odebrecht en Brasil. Moura contó que Martinelli los contrató para manejar la publicidad del entonces candidato presidencial José Domingo Arias. También confesó que esa estrategia costó $21 millones, y que $16 millones los pagaría Odebrecht.
Los cuestionamientos por el exceso de publicidad oficial fueron tantos, que la Comisión de Reformas Electorales, encargada de los cambios al Código Electoral, introdujo un artículo en esa norma que prohíbe la propaganda estatal tres meses antes de las elecciones generales.
La medida empezó a regir en la pasada contienda política. Días antes de su entrada (el 5 de febrero de 2019), el gobierno de Varela mercadeó algunas de sus obras: la línea 2 del Metro, el programa Techos de Esperanza y las carreteras.
Más gasto en televisión
En la administración de Varela, según el reporte de la Secretaría de Comunicación del Estado, se utilizaron $15.1 millones para propaganda en televisión. Esto representa el 57% del gasto.
El resto de la inversión publicitaria se desglosa así: en radio, prensa escrita y vallas, $6.8 millones (o 26%); producción, $2.9 millones (11%), y publicitarias y campañas en redes sociales, $1.5 millones (6%).
Las cifras dadas a conocer por el pasado gobierno no detallan a qué medios de comunicación se les otorgó la publicidad, si fue a través de proceso de licitación o contratos directos, ni bajo qué criterios se concedió la propaganda.