Tres importantes oenegés de derechos humanos del hemisferio manifestaron ayer su preocupación y solidaridad con la situación financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las organizaciones consideran el hecho “una afrenta a la protección de los derechos humanos en la región” e instan a los Estados miembros de la OEA a cumplir su responsabilidad de financiar adecuadamente a la Comisión.
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de Perú y Justiça Global de Brasil, hicieron público ayer un comunicado en el que expresan sus inquietudes.
“La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana”, señalaron en la nota.
La Comisión “ya enfrentaba serias limitaciones de recursos financieros y humanos para el cumplimiento de su labor, ahora, con casi la mitad su personal, su efectividad se verá seriamente afectada”, añaden.
Recuerdan estas organizaciones que miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio “han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia”, recuerdan.
Las tres organizaciones hicieron “un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella”, indicaron.