La decisión del Servicio de Protección Institucional (SPI), de instalar 10 juegos de portones para amurallar los accesos a la Presidencia de la República y calles adyacentes al Casco Antiguo, fue avalada por la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (INAC).
Sin embargo, los residentes del lugar no están de acuerdo con los portones, alegando que no se les consultó, y ahora exigen que se desmonten, especialmente los de la avenida B.
María Isabel Arrocha, directora de Patrimonio Histórico del INAC, explicó a este diario que en septiembre pasado el SPI, dirigido por el comisionado Eric Estrada, presentó ante ese departamento una propuesta para la instalación de las puertas de hierro.
El objetivo, cuenta Arrocha, era reforzar la seguridad en las vías de acceso al Palacio de las Garzas, sede de la Presidencia de la República, hoy bajo el mando de Juan Carlos Varela.
Arrocha agrega que la iniciativa fue avalada por la Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos Históricos, entidad encargada, entre otros aspectos, de vigilar que las construcciones de la zona cumplan con las normas que se exigen en el conjunto monumental.
Explicó que, “luego de ser evaluada [la propuesta] se propuso colocar elementos temporales con los que pudieran lograr el alto nivel de seguridad que desean”. No obstante, dejó claro que “se les recomendó presentar una nueva propuesta que respete los principios y las reglamentaciones vigentes para el Casco Antiguo”.
Por esa razón, dijo la funcionaria, se les propuso la utilización de elementos temporales que pudieran instalarse en momentos críticos y que luego los mismos pudieran ser retirados, ya que estos portones son considerados como “elementos discordantes” del centro histórico.
El SPI, que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, que dirige el ministro Álvaro Alemán, renovó los portones e instaló otros nuevos.
‘NO NOS CONSULTARON’
Pero los residentes del lugar no aprueban la medida y la califican de “inconsulta”. Dicen que los portones no deben ser parte del Casco Antiguo.
La molestia se recrudece, luego de que se instalaran dos bases o estructuras de portones sobre la avenida B para cerrar el Casco.
A juicio de Patricia Pinzón, de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco, aunque los portones que cercan la Presidencia fueron instalados durante administraciones pasadas, el problema radica en que “incumplen con las normas de patrimonio histórico y de seguridad, por lo que no deben estar ahí”.
Más peligroso aún, dijo, son los que se instalarán en la avenida B, una de las salidas del Casco Antiguo. “La avenida B es una arteria principal de la ciudad histórica. Querer cerrar esa vía es tan malo como si usted hubiese agarrado la vía España o la calle 50 y le pone un portón”, acotó.
En un recorrido que este medio hizo por la zona, se constató que sobre la avenida B ya se colocaron los soportes o bases, donde se tiene previsto instalar dos portones. Mientras que en otras calles ya se asentaron (ver infografía).
“Estos portones se instalaron en la madrugada, después los quitaron y dejaron las bases”, explica Pinzón. “Si aquí pasa algo, ¿cómo vamos a salir con los tranques que se forman, cómo van a hacer los propios funcionarios de los ministerios?”, se pregunta. Por lo pronto, dijo, ya presentaron la queja al alcalde, José Isabel Blandón, y a la Oficina del Casco Antiguo (OCA).
Incluso, manifestó que el casco viejo se quedó chico para la seguridad que requiere la Presidencia. Por ende, sugiere que se analice la posibilidad de reubicar el Palacio de las Garzas.
En tanto, Luis Enrique Cortés, quien tiene 50 años de residir en el sitio, manifestó: “no sabemos cuál es el uso de los portones, sobretodo esos de avenida B. Nadie nos ha dicho nada”.
Cortés pide que la OCA les explique a residentes y comerciantes, el por qué se tomó esta medida.
Por su parte, Xenia Quintana, de la Asociación de Moradores de San Felipe, expresó que ya han tenido quejas de personas que laboran cerca del área por la instalación de las estructuras.
“Nos hemos quejado con las autoridades. Esos portones están fuera de orden. Hemos tenido reuniones con las autoridades y no ha pasado nada”, añadió.
Contó que durante la instalación de las estructuras de avenida B, una profesora de la escuela Simón Bolívar que transitaba por esa área tuvo que tomar otra ruta para llegar a la escuela, porque agentes del SPI habían puesto las puertas y no la dejaron pasar. “Nos dijeron que era por seguridad del presidente”.
SPI DEFIENDE MEDIDA
Por su parte, Estrada explicó que ellos sí consultaron con la comunidad. Dice que las estructuras son “desmontables” y forman parte de las medidas para garantizar la seguridad en el Palacio de las Garzas, tras “las constantes protestas que se dan en ese sector, unas más violentas que otras”.
A ello sumó la proliferación de bares y discotecas muy cerca de la Presidencia.
“Recuerde usted que tuvimos aquí dos años y medio de casi buena tolerancia, pero hubo un grupo de personas que vinieron a manifestarse y frente a todas las cámaras de televisión destrozaron las cercas”.
El funcionario se refiere a la protesta que llevó a cabo en agosto pasado la Coordinadora Victoriano Lorenzo, que exige al Gobierno que cancele el permiso a una termoeléctrica ubicada en La Chorrera, Panamá Oeste.
“Ahora, si usted observa, nuestras cercas están justamente donde estaban las anteriores. Simple y llanamente que tienen un modelo más colonial que las anteriores, que rayaban con el entorno cultural y formaban parte de la contaminación visual del Casco. Representaban, además, un peligro para nuestras propias unidades y ciudadanos que las tocaban y se cortaban. Las puertas están ahí, pero están abiertas. Este gobierno no puso esas puertas, llevan más de cuatro administraciones ahí”.
Y agregó: “lo único que nosotros hemos hecho fue quitar las puertas viejas e instalar nuevas y hacerlo en consulta con la ciudadanía”.
PORTONES
Estrada indicó, además, que el juego de los 10 portones costó 53 mil dólares y que se hizo a través de una compra directa. No obstante, el documento no aparece en el sitio web de Panamá Compra. A su vez, reiteró que los portones permanecen abiertos, sin embargo, durante el recorrido que hizo este medio se observó que en horas de la noche algunos se encuentran cerrados.
Un ejemplo de ello es el portón ubicado en calle Séptima, que colinda con la cinta costera 3.
Sobre las bases colocadas en avenida B, confirmó que durante su instalación se colocaron los portones, como parte de una prueba. Aseguró que si tienen que montarse por algún tema de seguridad se hará, reiterando que los mismos son desmontables. “Tres hombres pueden quitar fácilmente los portones”, precisó.
Algunos vecinos del Casco también se quejan de la proliferación de bares y discotecas en el lugar, algunos cerca a las entradas a la Presidencia. Al respecto, Estrada aseguró que parte de la seguridad que lleva adelante el SPI también está encaminada a preservar el orden en la zona.
“En muchas ocasiones, nacionales y extranjeros con algunos tragos encima, dañan la propiedad pública. Nos ha tocado ajustarnos a la dinámica de crecimiento que ha permitido la Alcaldía de Panamá, y el Ministerio de Comercio e Industrias en el sector. Un día [una propiedad] es una discoteca, después es un hotel y después la convierten en una casa”, narró Estrada.
