El amparo interpuesto contra Alfredo Ramos, alcalde de Barquisimeto –municipio Iribarren del estado Lara–, reposa en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), misma que decidió “la suerte” de los alcaldes de San Diego (estado Carabobo), Enzo Scarano, y de San Cristóbal (estado Táchira), Daniel Ceballos.
La información fue confirmada por el director general y el síndico municipal de Iribarren, José Ignacio Guédez y Jesús Pérez, respectivamente, quienes precisaron que Ramos es acusado por “incumplimiento” en la recolección de basura durante las protestas.
El expediente reposa en el TSJ desde el pasado viernes en la noche. De acuerdo con Guédez, se trata de un juicio político al margen del Estado de derecho.
Guédez explicó que la jueza de primera instancia hizo una declinatoria de competencia, lo cual deriva en la nulidad de la sentencia. La modificación, dijo, daría a entender que la Alcaldía ganó el caso.
El amparo constitucional es inválido, reiteró Pérez. La demanda fue interpuesta por “deficiencia en la prestación de servicio público”, pero luego se convirtió en una demanda de “intereses colectivos”.
“No hay elementos probatorios que condenen al alcalde”, añadió.
La Alcaldía efectuó la respectiva apelación con más de 300 folios, en los cuales se evidencia cómo han resuelto la recolección de basura. “Evacuamos a 25 testigos y todos fueron desechados por el juez”, agregó el síndico municipal.
Guédez alertó que ese procedimiento forma parte de una persecución política, liderada por César Figueira. La institución está a la espera del pronunciamiento del TSJ.
“Aquí se ha mejorado el servicio de recolección de basura (...) Hemos implementado operativos especiales”, resaltó.
Denunció que los colectivos y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) actúan impunemente para sabotear la gestión. “Riegan la basura a propósito. La coyuntura nacional escapa de nuestras competencias, es un tema de orden público”, agregó.