Los representantes del mandatario socialista Nicolás Maduro y del presidente encargado Juan Guaidó mantienen su compromiso de buscar una “solución acordada y constitucional” a la crisis venezolana, dijo el Gobierno noruego tras una nueva ronda de conversaciones en Barbados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, que media entre las partes, destacó en un comunicado que la mesa de diálogo instalada en la isla caribeña “trabaja de manera continua y expedita”, sin precisar cuándo sería la próxima reunión.
En esta cita, la tercera que se organiza en Barbados, “las partes han reiterado su voluntad de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional, enfocada en el bienestar del pueblo venezolano”, indicó el texto.
El diputado Stalin González, uno de los enviados de Guaidó, jefe parlamentario reconocido como mandatario encargado por medio centenar de países, agradeció la “disposición y colaboración” del Gobierno noruego.
“Durante esta ronda de reuniones ratificamos nuestra propuesta: ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos, amparados en nuestra Constitución”, escribió el parlamentario en Twitter.
Más allá de estas escuetas declaraciones, los negociadores poco revelan del contenido de las reuniones, que arrancaron en Oslo en mayo, en respeto al pedido de “prudencia” hecho por el mediador.
La oposición ha dicho que busca en las negociaciones la salida de Maduro y una nueva elección, al considerar que su segundo período, iniciado en enero pasado, resultó de comicios fraudulentos que no reconocen casi 60 países, entre ellos, Estados Unidos.
Pero el mandatario chavista descarta renunciar y advierte que el diálogo debe apuntar a la “convivencia democrática” y a poner fin al “golpismo” de sus adversarios y los supuestos planes de Washington para apoderarse de la mayor reserva de petróleo.
Durante la gestión de Maduro, Venezuela se hundió en la peor debacle de su historia moderna, llevando a unas 4 millones de personas a emigrar desde 2015, según la ONU.
El heredero del fallecido Hugo Chávez (1999- 2013) achaca la crisis a una “guerra económica” y a sanciones de Estados Unidos, que incluyen un embargo petrolero desde abril. No obstante, la oposición denuncia la corrupción como el detonante principal.