AUDIENCIA

Víctimas: hay peligro de fuga de Ricardo Martinelli

Esta semana será crucial para el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los pinchazos.

Hoy, el pleno de la CSJ debe analizar una solicitud de fianza de excarcelación que presentó la defensa del exmandatario.

Además, el viernes debe reanudarse la audiencia en la que el juez de garantías, Jerónimo Mejía, entrará en la fase de decidir sobre la admisión o negación de pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa.

Fianza

Los abogados del exgobernante –detenido desde el pasado 11 de junio en El Renacer, tras ser extraditado de Estados Unidos– sostienen que este merece una fianza de excarcelación por su estado de salud. Alegan, además, que su cliente tiene arraigo familiar y empresarial en Panamá y que por esto no representa riesgo para que se fugue y evada el proceso.

Roniel Ortiz, del equipo de abogados de Martinelli, alegó que todo reo tiene derecho a que se le conceda una fianza de excarcelación cuando no existe riesgo de desatención al proceso y cuando su estado de salud está comprometido.

En la sesión del pleno de la CSJ no deben participar los magistrados José Ayú Prado, que está impedido en este proceso; Jerónimo Mejía, que actúa como magistrado juez de garantías; ni Harry Díaz, quien es el fiscal de la causa.

Carlos Herrera Morán, abogado del querellante Mauro Zúñiga, dijo que la CSJ no puede darle una fianza a Martinelli porque este tiene todos los recursos económicos para sustraerse del proceso y salir del país, como ya lo hizo.

Herrera Morán detalló que ya un juez federal en Estados Unidos le negó una fianza al exmandatario cuando se encontraba detenido en ese país durante el proceso de extradición.

Dijo que en aquella ocasión se le negó la petición de fianza debido a los inmensos recursos económicos que posee y por el peligro de fuga que esto representa.

Mientras, Rosendo Rivera, querellante autónomo en el caso de los pinchazos, dijo que se opone rotundamente a que la CSJ conceda la fianza a Martinelli, ya que existen grandes riesgos de que se fugue.

“Sí, nos opondremos a una petición de esta índole, ya que es un riesgo para el proceso”, confirmó.

Audiencia

En tanto, el próximo viernes se debe reanudar la fase intermedia de la audiencia, suspendida el 29 de agosto pasado, después de que la defensa del exmandatario presentara una serie de objeciones a las transcripciones del correo brad.pty507@gmail.com, en el que están las comunicaciones interceptadas a las víctimas.

El próximo viernes, el magistrado fiscal deberá refutar las objeciones hechas por el abogado Carlos Carrillo, único miembro de la defensa de Martinelli que tuvo acceso a las transcripciones del citado correo.

Más demandas

En tanto, durante una conferencia de prensa efectuada el día de ayer, el equipo de abogados de Martinelli anunció que presentará querellas penales contra el jefe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López; la procuradora de la Nación, Kenia Porcell; y los miembros de la Policía Nacional involucrados en las supuestas amenazas efectuadas a los testigos Jaime Agrazal, Ronny Rodríguez e Izabel Stanziola, quienes han señalado que el proceso contra Martinelli es un montaje.

Alejandro Pérez, del equipo de abogados del exgobernante, dijo que, además de las querellas penales, pedirán por la vía civil un resarcimiento de $120 millones.

Pérez se refirió a la retractación del exfuncionario del CSN Jaime Agrazal durante la audiencia seguida a los exjefes del CSN Gustavo Pérez y Alejandro Garuz por el caso de los pinchazos, que se ventiló en el Juzgado Decimosexto Penal.

El abogado indicó que también existe un video difundido por redes sociales, en el que Ronny Rodríguez, exagente del CSN, asegura haber sido objeto de presiones y coacción por parte de Rolando López, funcionarios del CSN y el Ministerio Público. Rodríguez no ha comparecido al proceso y está prófugo.

Los abogados de Martinelli también solicitaron la intervención del procurador de la Administración, Rigoberto González, ante la posible vinculación de la procuradora Porcell en los hechos denunciados por Agrazal y Rodríguez.