En su salvamento de voto el magistrado Abel Zamorano estimó que el pleno de la Corte debió solicitar, de oficio, a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, los restantes tomos de la investigación que no fueron enviados a esa corporación de justicia.
Zamorano detalló que en el pleno del 23 de febrero de 2017, cuando decidió no admitir la compulsa de copias, sugirió a sus miembros devolver las copias al Ministerio Público para que fuesen completadas y entregadas de forma ordenada.
Alegó que esta acción no podía calificarse como un acto de investigación por parte del pleno de la Corte, sino como una acción de mero trámite para evitar justamente que por el hecho de que la fiscalía no enviara los tomos de la investigación -en donde se menciona a Martinellli- fuera el motivo para no admitir la denuncia, en la que hay elementos vinculantes con el caso. La mayoría, sin embargo, decidió no acoger el caso por “vicios de mera comunicación”.