Después de más de 50 años en activo, la organización armada vasca ETA manifestó su voluntad de un desarme definitivo “unilateral” e “incondicional”. En declaraciones al diario francés Le Monde, el dirigente ecologista Jean-Noel Etcheverry aseguró que ETA iniciará en conjunto con la sociedad civil un proceso para dejar la violencia, que culminará el próximo 8 de abril.
Le Monde también detalló que la intención de la sociedad civil con este desarme es entregar las armas en su poder a las autoridades francesas, contando con la participación de observadores internacionales. Una operación que, afirman, tendrá la asistencia de “cientos de personas” y numerosos cargos electos de la región vasco-francesa.
El diario El País reveló que la sociedad civil notificará a la justicia francesa en nombre de ETA el proceso de desarme, y que será supervisado por el Comité Internacional de Verificación, integrado por expertos en la resolución de conflictos.
“Si el Estado [español] quiere seguir ciego y sordo a esta demanda unánime, no habrá más remedio que la sociedad civil tome la iniciativa. Este proceso compromete nuestro futuro, vivimos con el conflicto desde hace decenios, es insoportable”, afirmó el alcalde de Bayona, Jean René-Etchegaray, citado por el portal Naiz.
En este sentido, también se manifestó el expresidente de la oenegé Liga de Derechos del Hombre, Michel Tubiana, quien señaló que ha habido múltiples contactos con la policía francesa para coordinar el desarme de ETA. Sin embargo, Tubiana lamentó la postura de Francia. “Francia ha adoptado la postura de pequeño telegrafista del Estado español y actúa bajo una lógica policial. (…) Si el Gobierno quiere escuchar muy bien; si no, se enfrentará al conjunto de la sociedad civil y política vasca”, aseguró.
Los encargados de llevar a cabo el proceso de desarme manifestaron que la “obstaculización” por las eventuales operaciones policiales españolas o francesas podrían frustrar el desarme.
Los voluntarios para el desarme de la organización armada manifestaron esto, luego de la operación policial del 16 de diciembre de 2016, en la que 5 de ellos fueron detenidos en un caserío de la localidad de Louhossoa por la policía, mientras custodiaban armamento de ETA.
Entre los detenidos había personalidades de la comunidad vasco-francesa, tales como la periodista Béatrice Molle-Haran, el sindicalista Michel Berhokoirigoin, el dirigente ecologista Jean-Noel Etcheverry, el viticultor Michel Bergougnian y el camarógrafo Stéphane Etchegaray.
Antes de los arrestos, el expresidente de la Liga de los Derechos del Hombre firmó un comunicado, junto con Berhokoirigoin y Etcheverry, en el que aseguraron que formaban parte de una operación de desarme de ETA.
LAS REACCIONES
Los puntos de vista sobre el desarme de ETA no se hicieron esperar. Desde el Gobierno español, el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido afirmó que “ETA no obtendrá nada a cambio tras su desarme” y que tiene que “disolverse y desaparecer”.
El gobierno regional del País Vasco expresó en un comunicado que hará lo posible para que la “iniciativa llegue a buen puerto”.
La izquierda abertzale, anteriormente ligada a ETA, expresó su satisfacción, a través de su representante Arnaldo Otegi. “Es una noticia esperada por un largo tiempo, pero esperamos además que [el proceso] se desarrolle hasta el final y de manera integral”, expresó.
La Asociación Víctimas del Terrorismo habló ayer sobre el anuncio, y dijo que lo único que esperan es la entrega de las armas y el esclarecimiento de casos sin resolver.
LA HISTORIA
ETA (País Vasco y Libertad, en euskera) se fundó en 1959, en plena dictadura franquista, por un grupo de universitarios escindidos del Partido Nacionalista Vasco.
Más tarde, en 1964, ETA optó por la lucha armada. A partir de entonces, sería responsable de atentados en el franquismo, como el asesinato del presidente Luis Carrero Blanco, en 1973.
A pesar de la llegada de la democracia en 1976, ETA siguió con sus acciones. Sin embargo, la época negra se sitúa en los años de 1980, con atentados sangrientos y el terrorismo de Estado, ejercido contra el grupo armado.
En la década de 1990, el gobierno de José María Aznar intensificó su persecución judicial y política a ETA. Su brazo político fue ilegalizado por no condenar los atentados del grupo terrorista. Últimamente, la cooperación entre Francia y España ayudó a diezmar la capacidad de ETA con la detención de jefes militares que se escondían en Francia.
(Con información de ‘El Correo’ y la agencia AFP).