La injustificada agresión militar contra Ucrania ha causado una profunda consternación en todo el planeta. Los países miembros de la Unión Europea, así como Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros, han adoptado muy severas sanciones diplomáticas y económicas contra Rusia y, en menor grado, contra Bielorrusia.
Las sanciones han incluido el cierre del espacio aéreo a los aviones de propiedad rusa, la restricción de los movimientos de capitales y la limitación de las exportaciones e importaciones rusas, incluidos recursos estratégicos como el gas natural y el petróleo. Además, empresas tecnológicas y de entretenimiento han cancelado sus servicios y el ofrecimiento de sus productos para el mercado ruso.
Al largo listado de sanciones económicas, Rusia también ha enfrentado sanciones que la excluyen de participar en el mundial de fútbol Qatar 2022, la Copa Davis de tenis, torneos de gimnasia, atletismo y baloncesto, los eventos paraolímpicos y un larguísimo catálogo de represalias en el mundo de las artes, la ciencia y la cultura; la cancelación de eventos que iban a ocurrir en suelo ruso, y la exclusión de sus nacionales de la ópera internacional, música clásica, pintura, feria de libros y otros intercambios académicos.
Para puntualizar el asedio, los denominados oligarcas, miembros del círculo cero del mandatario ruso Vladimir Putin, se están viendo acorralados: sus cuentas bancarias en Europa están siendo rastreadas y al menos unos cuantos de sus súper yates han sido retenidos por las autoridades en Alemania y Francia.
El paso por el Canal de Panamá
En este universo de sanciones y restricciones, desde distintos sectores se ha reclamado una mayor beligerancia del gobierno panameño. Hasta la fecha, Panamá se ha pronunciado de forma individual contra la invasión rusa y emitió su voto de condena a la agresión militar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, la duda persiste acerca de las posibilidades reales de que Panamá se sume a las naciones que han sancionado económicamente a Rusia.
De acuerdo con el literal “e” del numeral 1 del artículo III del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal de Panamá: “Las naves de guerra y naves auxiliares de todas las naciones tendrán en todo tiempo el derecho de transitar por el Canal, independientemente de su funcionamiento interno, medios de propulsión, origen, destino o armamento, sin ser sometidas como condición del tránsito, a inspección, registro o vigilancia. No obstante podrá exigirse a dichas naves que certifiquen haber cumplido con todos los reglamentos aplicables sobre salud, sanidad y cuarentena. Además, dichas naves tendrán derecho de negarse a revelar su funcionamiento interno, origen, armamento, carga o destino. No obstante, se podrá exigir a las naves auxiliares la presentación de garantía escrita, certificada por un funcionario de alta jerarquía del Gobierno del Estado que solicitare la exención, de que tales naves pertenecen a dicho Estado o son operadas por él y que en ese caso son utilizadas solo para un servicio oficial no comercial”.
Lo anterior significa que Panamá no puede impedir el tránsito de navíos rusos o que lleven carga militar hacia ese país, por el Canal de Panamá. El Canal es neutral y su tránsito está abierto a todas las naciones sin distingo, salvo que sean un peligro para la navegación o una amenaza para la seguridad pública.
Desabanderar los barcos de propiedad rusa
La marina mercante panameña es la más grande del mundo, con más de 8 mil 500 navíos bajo el pabellón istmeño; es muy posible que personas naturales o jurídicas rusas hayan abanderado barcos de su propiedad en Panamá. Sin embargo, retirarle el pabellón o cancelar la inscripción de un barco en el registro panameño no es tan fácil.
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 57 de 6 de agosto de 2008, las causales para retirarle la bandera panameña a un barco son:
“1. La ejecución de actos que afecten los intereses nacionales.
2. El incumplimiento grave de las normas legales vigentes en Panamá, o de las normas de seguridad marítima, de prevención de la contaminación, de protección marítima o convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.
3. La expiración de la patente provisional de navegación o la patente reglamentaria sin que esta hubiera sido renovada en un término de cinco años, contados a partir de la fecha de vencimiento, salvo que se hubieran sustentado las razones por la cuales no se presentó la solicitud de renovación oportunamente.
4. La utilización de la nave para contrabando,comercio ilícito o clandestino, piratería o para la comisión de otros delitos.
5. La presentación de documentos falsificados o alterados.
6. El abandono de la nave.
7. La inscripción de la nave en otro registro, salvo en los registros especiales de fletamento conforme a las formalidades previstas en esta Ley.
8. La pérdida total de la nave.
9. La alta incidencia de detenciones por deficiencias graves o recurrentes en perjuicio de la seguridad marítima.
10. Los demás casos que establezca la Ley y el Derecho Internacional”.
Como está expuesto, Panamá podría retirar el pabellón estirando el alcance del primer numeral, pero esto no le convendría al registro panameño. De aplicarse esta medida, cada vez que haya un conflicto internacional injustificado, Panamá tendría que despojar del pabellón a los barcos del país agresor. Por si no lo saben, China invadió el Tíbet y lo anexó a su territorio. Arabia Saudita mantiene una guerra con Yémen y una letanía de Estados africanos están en guerra civil cometiendo atrocidades. Por cierto, Estados Unidos invadió Irak, buscando armas de destrucción masiva que no existían. ¿Debería Panamá retirar la bandera a todos esos países?
Confiscación de patrimonios
Los países de la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, cuentan con legislación que les permite confiscar y congelar los bienes, cuentas, derechos y, en general, todo el patrimonio de los gobiernos de los países con los cuales tienen algún diferendo político. Esta potestad se puede extender a las personas naturales o jurídicas de dicho país. La legislación panameña no tiene este tipo de estructura jurídica y, salvo que Rusia fuera una amenaza directa a Panamá, no se podría invocar la legítima defensa.
En cambio, si algún organismo multilateral a los que pertenece Panamá ordenará aplicar algún tipo de sanción o confiscar los bienes de los nacionales de Rusia, Panamá podría tener competencia para ejercer la potestad de extinguir el dominio sobre dichos bienes. Sin embargo, Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tiene derecho a veto sobre cualquier resolución que ordenara semejante medida.
Otra vía podría ser la de países individuales, como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, que le solicitasen a Panamá, por vía de cooperación judicial internacional, que congelara bienes de nacionales rusos. Este mecanismo sería válido siempre y cuando haya un proceso judicial en curso, por ejemplo, por blanqueo de capitales.
Una última opción la constituye la Corte Penal Internacional de la Haya en Holanda. Si esta Corte calificara como crímenes de guerra y de lesa humanidad lo ocurrido en Ucrania, y le solicitase a los países parte de dicho tribunal (entre los cuales está Panamá) cooperar para confiscar los bienes de las personas responsables de los actos criminales o de sus testaferros, Panamá tendría autoridad legal para congelar los bienes únicamente de las personas señaladas o sospechosas de tales crímenes.
Mientras tanto, Panamá puede seguir expresando su repudio a la acción militar en los distintos foros internacionales, así como respaldar las acciones humanitarias en favor de los refugiados. Panamá puede adelantar investigaciones financieras prospectivas para determinar los bienes y derechos de personas naturales o jurídicas rusas en nuestro país, y compartir estos datos por los respectivos canales diplomáticos y de inteligencia.
