La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) comenzará la próxima semana la entrega, a los interesados, de las solicitudes de certificado de uso de suelo en las áreas protegidas.
Estos certificados permitirán el aprovechamiento de terrenos a aquellas personas que ocupan reservas ecológicas desde antes de su creación.
La Anati emitió un comunicado en el que convoca para el próximo 15 y 22 de noviembre a interesados, en Donoso y Coclesito (Colón), respectivamente.
En su anuncio, la entidad detalla que los certificados podrán ser dados en herencia, tienen valor jurídico y comercial, por lo que podrán ser cedidos o vendidos, y utilizados como garantía de préstamos bancarios.
José Gabriel Montenegro, administrador de la Anati, subrayó que el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Nacional de Panamá ya evalúan el tema, aunque desconoce la situación de los bancos privados.
Sobre la advertencia de oenegés de que esto permitirá acaparamiento ilegal de tierras, Montenegro dijo: “puede que intenten anotarme un gol. A mí me tocará que ninguno de ellos anote”.
Anati entregará solicitudes de certificado de uso de suelo
La promulgación del Decreto Ejecutivo 141 del 26 de octubre de 2021, que crea los certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas, ingresó a su siguiente etapa: entregar las solicitudes o formularios a los interesados en obtener estos certificados.
Como parte de este proceso, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) emitió un comunicado en el que da a conocer las dos primeras convocatorias para entregar dichas solicitudes. Con ese documento, el interesado inicia el trámite para conseguir un certificado que le permita aprovechar el terreno dentro de la reserva ecológica.
La primera convocatoria es para el próximo 15 de noviembre en el área de Miguel de la Borda, municipio de Donoso, en Colón; mientras que la segunda será el 22 de noviembre, en Coclesito, específicamente en la junta comunal de Coclesito, también en la provincia de Colón.
En un comunicado, la entidad le hace saber a la población que los certificados de uso de suelo podrán ser dados en herencia, tienen valor jurídico y comercial por lo que podrán ser cedidos o vendidos, y utilizados como garantía de préstamos bancarios y cualquier otra actividad comercial.
Se consultó al administrador de la Anati, José Gabriel Montenegro, quien manifestó que los certificados de uso de suelo buscan otorgar una acreditación a quienes demuestren que ocuparon el área protegida antes de su declaratoria. “Esto por supuesto sin menoscabar la integridad del ecosistema donde habitan”, dijo Montenegro, quien recordó que el 33% del territorio del país es considerado área protegida.
En palabras de Montenegro, lo que se hará la próxima semana es la entrega de una solicitud de certificado de uso de suelo, la cual vendría a ser el primer paso para comenzar con el trámite.
También subrayó que entidades como el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Banco Nacional están evaluando el tema de los certificados de uso de suelo, aunque desconoce la situación de los bancos privados.
“Estos certificados estarán registrados en el Registro Público y van a tener un valor... Entiendo que bancos como el BDA y el Banco Nacional están analizando esto, pero desconozco el caso de los bancos privados”, manifestó el funcionario.
Sobre la advertencia de oenegés de que esto permitirá el acaparamiento ilegal de tierras, Montenegro dijo: “puede que intenten anotarme un gol. A mí me tocará que ninguno de ellos anote”.
El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, informó que están en el proceso de reglamentación del decreto ejecutivo.
El rechazo
Varias oenegés advirtieron que otorgar este tipo de avales abriría un compás para negociar con las áreas protegidas del país, las cuales representan el 33% del territorio nacional. Incluso, anunciaron una protesta para el próximo 15 de noviembre en el Ministerio de Ambiente.
Para el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), insistir y acelerar el paso de trámites administrativos violatorios de la Constitución y de la ley es “irresponsable” y “escandaloso”.
“En su lugar, las autoridades deberían estar procurando verdaderas soluciones y opciones de desarrollo a comunidades que han quedado dentro de áreas protegidas y que por décadas han sido abandonadas por el Estado”, manifestó el CIAM.
La organización resaltó que iniciar por la zona de Donoso evidencia los intereses económicos detrás del decreto ejecutivo y las intenciones, no de beneficiar a los campesinos o personas del área, sino de abrir una espiral de especulación de tierras en donde todos los recursos naturales del país están abiertos a ser comprados y vendidos sin reparo.
Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, señaló que con esta medida el Ministerio de Ambiente insiste en hacer gala de una gestión totalmente alejada de los fines y objetivos que establecen las leyes que orientan el verdadero sentido y la importancia estratégica de las áreas protegidas.
“Esta es una decisión arbitraria y motivada por intereses totalmente ajenos a la conservación ambiental. No se ha respetado la consulta ciudadana”, dijo.
A juicio de Serracín, esta administración ambiental actúa de manera “errática” e “hipócrita”, ya que un séquito acude a cumbres internacionales a vender una buena imagen; sin embargo, dichos convenios quedan en letra muerta frente a hechos como éste.
“Es muy perturbador el alto nivel de eficacia y celeridad que le imprimen a la ejecución de medidas como ésta frente a otras obligaciones que tienen a su haber en el fortalecimiento de las áreas protegidas”, concluyó.
