No aportar los datos correctos a la hora de hacer su cambio de residencia constituye un delito electoral.
El Código Electoral plantea en su artículo 474 que se “sancionará con 50 a 500 días-multa a quien dolosamente se haga empadronar en el censo electoral o inscribir en el registro electoral en un corregimiento distinto al de su residencia”.
Establece, además, que la sanción “se agravará con el doble”, para aquellas personas que hayan incitado a la comisión de este delito.
Para evitar incurrir en ello, si recientemente se ha mudado o si lo hará antes de las elecciones de 2019, debe actualizar sus datos.
El calendario de elecciones que emitió la semana pasada el Tribunal Electoral (TE) señala que el último día para efectuar el trámite de cambio de residencia es el próximo 30 de abril.
Osman Valdés, director de Organización Electoral del TE, explicó que la actualización del cambio de residencia es un “deber”.
Explicó que la actualización de estos datos no solo aporta información al Tribunal Electoral sobre la cantidad de electores en un circuito o determinada área, sino que además facilita al ciudadano la cercanía del centro de votación a la hora de ejercer su derecho al sufragio.
“El cambio se hace bajo la gravedad del juramento y se convertiría en un delito si es denunciado y se comprueba que se dio información falsa”, advirtió.
El delito
El abogado especialista en temas electorales Javier Ordinola manifestó que el delito se configura cuando la persona hace cambio de residencia con intención de engrosar el padrón electoral de un lugar en el que no reside, para favorecer a un determinado candidato.
Expresó que “muchas veces los ciudadanos dan direcciones que existen [pero no viven allí] y otras veces son falsas y por ello son denunciados” ante el TE.
Después de las elecciones de 2014, entre los años 2015 y 2016, se reportaron 344 delitos electorales. De ese total, 183 correspondieron a delito de cambio doloso de residencia, según manifestó en su momento el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, encargado de investigar estos casos.
Peñaloza indicó que la provincia de Panamá y las comarcas indígenas fueron los lugares de donde se recibió la mayor cantidad de denuncias por el delito de cambio de residencia doloso, con un total de 163.
Detalló que los otros casos fueron por doble voto, uso de recursos del Estado, entre otros delitos.
¿Cómo evitar que quienes cometen este delito puedan votar en las elecciones de 2019? El TE, según Valdés, apuesta a dar mayor publicidad al padrón electoral preliminar, que se dará a a conocer el próximo 15 de mayo, para que los ciudadanos puedan reclamar e impugnar de percatarse sobre personas que realizan esta mala práctica.
Actualización de datos
Para las elecciones de 2014 se efectuaron 150 mil 703 trámites de cambio de residencia. A la fecha, cifras del TE señalan que desde el 27 de agosto de 2017 -cuando se abrió el período para este trámite- hasta inicios de este marzo se han realizado 94 mil 798 cambios de residencia.
El TE informó que para realizar un cambio de residencia el ciudadano solo necesita acudir a la sede del organismo ubicada en el distrito donde queda su nuevo domicilio y presentar su cédula vigente.
Valdés dijo que desde agosto de 2017 el TE también emprendió giras por nuevas barriadas y centros comerciales para agilizar este proceso, por lo que los ciudadanos también se pueden acercar a estos funcionarios para efectuar su cambio de residencia. (Ver gráfica). Los funcionarios deben estar identificados con una camiseta y un chaleco del TE.
Culminada la actualización de los cambios de residencia, la autoridad electoral presentará el padrón preliminar, el cual debe pasar por el proceso de impugnaciones y exclusiones de ciudadanos.
Concluido el proceso en mención, el 5 de febrero de 2019 se presentará el padrón electoral final, en el que deberán aparecer todas las personas habilitadas para votar el 5 de mayo de 2019.
En las elecciones generales se elegirá un total de mil 722 personas para ocupar cargos de elección popular, entre principales y suplentes. Entre ellos, 81 alcaldes, 9 concejales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano, con sus respectivos suplentes.
