Luego de conocerse el contenido del memorando de entendimiento entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de la Presidencia para el diálogo nacional sobre reformas constitucionales surgieron varias reacciones .
Enrique De Obarrio, presidente de la Comisión de Modernización del Estado, de la Concertación Nacional para el Desarrollo, manifestó que aunque el acuerdo es de tres años prorrogables, no quiere decir, “bajo concepto alguno”, que el diálogo tiene que durar tanto tiempo. Esto, según explicó, porque ya cuentan con los avances e insumos que ya están sobre la mesa. “Máxime si nos enfocamos en aquellas reformas necesarias para enderezar la institucionalidad, combatir la impunidad, y el clientelismo político para minimizar los espacios de corrupción, perfectamente deberíamos poder llegar a los anhelados consensos antes de mediados del año entrante”, sustentó.
Mientras que Ileana Corea, dirigente estudiantil de la Universidad de Panamá, manifestó que el acuerdo con el PNUD es un “irrespeto” a la juventud que estuvo protestando. A su juicio, establecer que se va a tomar más de cinco meses para un diálogo, “es dilatar” las conversaciones.
Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, organismo que también forma parte de la Concertación, indicó que le parece excesivo el término del acuerdo. “Entiendo que se dé la necesidad de un diálogo ampliado, lo cual es positivo, hay muchos sectores del país que quieren participar, sin embargo, tampoco podemos entrar en una consulta que se exceda en tiempos”, argumentó.
Por su parte, Tito Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, expresó que tener al PNUD como facilitador es el mejor mecanismo para que todas las agrupaciones participen en el proceso. Admitió que nunca estuvo acuerdo con el paquete de reformas consensuado por la Concertación, iniciativa que presentó el Ejecutivo a la Presidencia.
Rodríguez, diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, considera que los diputados no deben participar en ese diálogo: “Lo mejor es salir de esto y que otras instituciones logren conseguir lo mejor para el país y nosotros, como Asamblea, estudiarlo, regularlo, analizarlo, que es lo que nos compete”, planteó. Similar opinión tiene el diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno que lideró las consultas ciudadanas para el proyecto de reformas a la Carta Magna, documento que fue aprobado en tercer debate a finales de octubre de 2019. “En la Asamblea debemos mantenernos al margen de lo que se dé en la mesa del PNUD”, dijo.
Ayer, en tanto, tras ser consultado sobre el contenido del memorando, manifestó que prefería no opinar.
Lo pactado
Entre los acuerdos se plantea, por ejemplo, la creación de mesas de diálogos provinciales y comarcales. En estas mesas no solo se sentarán los sectores y organizaciones más representativas; también lo harán los diputados, quienes deberán participar activamente del proceso.
De hecho, la hoja de ruta recalca la necesidad de que los diputados estén sentados en las diferentes mesas, sobre todo en la nacional, que es la que se alimentará de los insumos de las mesas comarcales y provinciales, donde deberá estar sentado un representante de los partidos políticos, del Ejecutivo y del Legislativo.