Una de las innovaciones más importantes que aporta el sistema penal acusatorio (SPA) a la práctica forense de Panamá es la introducción de la figura del acuerdo de pena, mecanismo por medio del cual la persona imputada puede ponerse de acuerdo con el fiscal a cambio de recibir una sentencia más favorable en su caso.
La cultura popular ha familiarizado a la sociedad latinoamericana con este mecanismo, que tuvo su origen en el derecho anglosajón, donde se le denomina plea bargaining, usual en las series de televisión policivas o judiciales.
Según el artículo 220 del Código Procesal Penal, el acuerdo de pena se puede dar bajo dos supuestos. El primero es que la persona imputada acepte total o parcialmente la responsabilidad de los hechos delictivos contenidos en la imputación, mientras que él es el de la llamada “colaboración eficaz”.
En esta última situación, el imputado se transforma en testigo de una causa penal, y luego que ha contribuido con su testimonio al procesamiento de dicha causa, recibe el beneficio. Todos los delitos pueden estar sujetos a este tipo de acuerdo.
Para poder implementar un acuerdo de pena, el Ministerio Público (MP) debe comunicárselo a la víctima y presentarlo al juez de garantías, quien podrá aprobarlo o rechazarlo únicamente en tres supuestos. Primero, que el acuerdo infrinja las garantías del imputado; segundo, que sea producto de un acto de corrupción; y tercero, cuando demuestre banalidad.
Unos ejemplos nos permitirán aclarar el alcance de estas causales. La primera causal se da cuando el detenido no ha tenido acceso a un abogado defensor, o desconoce que tenía el derecho constitucional de no declarar contra sí mismo.
La segunda causal se manifiesta cuando las pruebas son obviamente falsas, o se evidenció alguna situación corrupta.
El caso de la banalidad se da cuando un ladrón de una gallina acepta una sentencia de 60 meses, existiendo la posibilidad de compensar económicamente el daño causado sin la aplicación de un castigo tan severo.
El juez de garantías no puede imponer una pena de prisión mayor a la acordada por el fiscal y la persona imputada. Tampoco puede dictar una pena inferior a un tercio de la que establece el Código Penal para el delito específico.
En Estados Unidos, el acuerdo de pena es el resultado mayoritario de los casos penales que conocen los tribunales estatales y federales de dicho país. La situación llega a ser tan dramática, que en el estado de California, por ejemplo, el 96% de los casos termina por vía de acuerdos de penas.
Este resultado ha generado una fuerte molestia en la comunidad de grupos defensores de los derechos humanos y en las organizaciones que abogan por los derechos de las minorías raciales, las cuales son desproporcionadamente objetos de estos acuerdos de pena.
En América Latina, se considera este tipo de procedimiento como un ejemplo de justicia penal negociada, en la cual el Estado, representado por el MP, no tiene como objetivo descubrir la verdad material y hacer justicia, sino enviar gente a la cárcel de la forma más rápida y eficiente.
En Panamá, la legislación no establece mayores criterios para la aplicación de los acuerdos de pena más allá de los antes mencionados.
Corresponderá a la jurisprudencia y a los cambios legislativos realizar los ajustes que se hagan necesarios, si se repite en nuestro país el fenómeno ocurrido en Estados Unidos.
No es un accidente que en la actual campaña electoral presidencial estadounidenses el tema de la reforma al sistema de justicia criminal sea uno de los pocos asuntos en común que tienen los dos principales partidos políticos en la contienda. Ojalá no nos tome otros dos siglos seguir el ejemplo anglosajón.