Crispiano Adames, Ana Giselle Rosas y Mariano López verán cambios a la Ley No. 43 sobre el régimen de certificación de los profesionales y especialistas de la salud

En el periodo pasado, la iniciativa encontró rechazo y esta vez no es la excepción, pues la propuesta relaja el proceso de certificación de los médicos como requisito para entrar al internado.

La Asociación de Estudiantes de las Facultades de Medicina de Panamá tildaron de “peligrosa” dicha iniciativa, “tanto para la seguridad de los pacientes como para los que entrarán al internado, ya que se estaría suprimiendo la realización justa y transparente del proceso de adjudicación de plazas de internado”.

Señalan que la Ley 43 ha permitido que las plazas se otorguen por meritocracia.

Certificación médica, en manos de Crispiano Adames y Mariano López

La polémica propuesta que relaja el proceso de certificación y recertificación de los médicos como requisito para entrar al internado, vuelve al debate.

Esta vez, los cambios a la Ley 43 de 2004, que establece dicho procedimiento para los profesionales, especialistas y técnicos de las disciplinas de la salud, están contenidos en el proyecto de ley 525, que busca modificar los artículos 1, 3, 4, 5, 6 y 8 de dicha norma.

Tras el resurgimiento de este proyecto de ley, los médicos y la Asociación de Estudiantes de Facultades de Medicina de Panamá están en pie de guerra. Advierten que sería “peligroso” que la Asamblea Nacional apruebe la iniciativa, impulsada por el perredista Mariano López y varios de sus colegas y copartidarios, entre ellos, Crispiano Adames.

Las voces de rechazo se centran en la afectación que pueden tener los estudiantes que ingresen al internado, así como los pacientes. Además, plantean que los cambios dejan a un lado la meritocracia basada en “una metodología justa y transparente” establecida en la Ley 43 de 2004.

“Desde la implementación de la Ley de Certificación y Recertificación, la elección de plazas de internado se ha realizado de acuerdo con el puntaje obtenido, permitiendo así que aquellos graduados con un puntaje mayor tengan la oportunidad de elegir primero su plaza para realizar el internado y de manera descendente todos vayan escogiendo su plaza según el puntaje”, indicó la asociación de estudiantes.

Estos cuestionamientos, obligaron ayer a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que dirige el diputado perredista Víctor Castillo, a enviar dicha iniciativa a una subcomisión. Y, precisamente, dos de los diputados que empujan la propuesta quedaron en ese grupo: los perredistas Mariano López y Crispiano Adames. Les acompañará la diputada de Cambio Democrático Ana Giselle Rosas. En 10 días, estos tres diputados deberán entregar un informe sobre si es viable o no la propuesta.

Amplio debate

Según dijo a este medio el diputado Castillo, la subcomisión deberá abordar la propuesta con todos los sectores interesados.

Afirmó que “no se está tratando de eliminar la certificación ni la recertificación ni mucho menos, si no darle un rol diferente al examen per se que viene de Estados Unidos y la oportunidad de que esos jóvenes que están ya graduados, que de repente no les han dado la idoneidad, puedan hacer un trabajo porque ya son médicos. Por ejemplo, [que] en el hisopado puedan estar haciendo algún tipo de trabajo...”, aseguró.

En ese sentido, expresó que se buscará hacer un debate amplio para escuchar a los estudiantes y médicos. Tanto Castillo como López y Adames son médicos de profesión.

La propuesta de López establece, por ejemplo, “diferir” la aplicación de la prueba de certificación básica de médicos, enfermeras, odontólogos y veterinarios para finales del internado, de manera que puedan cumplir lo antes posible con la obligación impuesta por el Estado durante dos años.

Añade, además, que para las profesiones y carreras que realizan prácticas de pregrado se aplicarán las pruebas de certificación inmediatamente antes o después de la titulación para luego expedirles la idoneidad para el libre ejercicio de la profesión una vez la hayan superado. El Estado promoverá certificaciones internacionalmente reconocidas para que los profesionales, especialistas y técnicos de salud panameños puedan aprovechar oportunidades crecientes de empleo en el extranjero.

En la actualidad, la norma señala que las certificaciones y recertificaciones son mecanismos que permiten evaluar el nivel de competencia académica, científica y técnica, así como una conducta ética adecuada de los nacionales y extranjeros, que por necesidad del servicio ingresen al sistema de salud.

La propuesta solo define la idoneidad como el reconocimiento de que se cuenta con los conocimientos, destrezas, actitudes y conducta para practicar una profesión. Mientras que la Ley 43 deja claro que es el reconocimiento de la capacidad académica, intelectual, física y mental que habilita a una persona para el ejercicio de una profesión, la cual debe ser expedida por el Consejo Técnico de Salud.