Después de nueve años, la aflicción sigue viva. Por momentos, el dolor físico se vuelve insoportable. El único remedio: algunos fármacos y quizás el recuerdo de cómo sobrevivieron a aquel campo de batalla en 2010.
Todo ocurrió allá, en Bocas del Toro, donde la escasez es marcada. Una provincia que se disputa con Darién el primer lugar de la región más pobre del país –después de las comarcas indígenas–, aunque la reactivación de la actividad bananera el año pasado llena de esperanza a su población, de unas 200 mil personas.
En 2010, fueron varios días de enfrentamientos entre trabajadores y agentes de la Policía Nacional, con un resultado cruento: dos jornaleros muertos, más de 500 heridos y gran parte de la ciudad de Changuinola vuelta pedazos.
Todo a causa de la polémica ley chorizo (Ley 30 de junio de 2010), llamada así porque, además de dictar medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y de Justicia, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la del Medio Ambiente.
Hoy, varias de las víctimas luchan por llevar una vida normal con perdigones de plomo incrustados en órganos y músculos. Incluso, hay 82 que perdieron la vista parcialmente y que andan a ciegas, debido a las heridas que sufrieron aquel violento mes de julio.
Jacinto Quintero, uno de los trabajadores heridos, cuenta que tiene 170 perdigones en el cuerpo y que perdió la visión parcialmente. Lo que más le aqueja son los dolores que por momentos se apoderan de él debido a la gran cantidad de perdigones.
Quintero muestra la evaluación que le realizaron hace nueve años, tras ser herido con los perdigones, y el nivel de plomo en su sangre era de 25.7 microgramos de plomo por decilitro de sangre; es decir, el diagnóstico de la Caja de Seguro Social (CSS) hacía referencia literalmente a “intoxicación crónica por plomo”.
Además, manifestó que los médicos prefieren no retirarle los perdigones, porque sería un proceso complicado, en el que podrían dañar algunos músculos y órganos.
Quintero también es coordinador del Movimiento 8 de Julio, un grupo de víctimas que se organizó para llevar a cabo actividades y caminatas en Changuinola durante el mes de julio, y así no olvidar estos sucesos.
Más heridos
Aparte de los 82 heridos que perdieron la vista parcialmente, hay otros 400 que sufrieron heridas más leves, pero que también sufren secuelas. Incluso, muchos de ellos no han vuelto a trabajar porque con los años su físico se deteriora.
Tal es el caso de Rangel Ábrego, quien también ha tenido que acostumbrarse en estos años a lidiar con los perdigones en su organismo. Narró que tiene 15.10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, un nivel más bajo que Quintero.
Comentó que necesita especialistas, porque muchas veces en la provincia de Bocas del Toro no hay y algunos perdigones están alojados en los riñones y el hígado . “Sí vienen algunos oftalmólogos a atender a los compañeros que tienen problemas en la vista, pero hay otros especialistas que se requieren”, contó Ábrego.
En el caso de los 82 trabajadores que sufrieron daños en la visión, el gobierno pasado les concedió una pensión mensual de $800, y los otros 400 reciben una pensión de $200, aunque finalizando su gestión el expresidente Juan Carlos Varela envió una norma a la Asamblea Nacional, que les aumentó en $100 la ayuda económica .
La norma también incluyó una extensión hasta 2022 de la ayuda económica, que venció el año pasado. A su vez, estableció que la pensión será revisada cada tres años, pues probablemente algunos ya no la necesiten o simplemente perdieron la vida.
Precisamente, entre 2010 y 2019 han perdido la vida por diversas causas 12 trabajadores que recibían estos recursos.
De ello dan cuenta las estadísticas del Movimiento 8 de Julio, cuyos miembros llevaron a cabo caminatas y repartieron volantes esta semana en el distrito de Changuinola.
La reflexión
Uno que conoce muy bien lo que ocurrió aquella vez fue Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y quien lideró una comisión que conformó el gobierno de entonces (2009-2014) para investigar lo sucedido.
De acuerdo con Troncoso, al país le quedó como experiencia que aquella vez el uso de la fuerza fue excesivo, lo que trajo consigo una serie de daños, que según parece todavía no son superados, como el hecho de que los perdigones sigan dentro de estas personas.
“Eso quizás guarda relación con la cercanía con la que fueron disparados los perdigones a los manifestantes. De hecho, hay un peritaje en el informe que levantamos y que habla de esto”, puntualizó.
Para el empresario, cuando se hace uso de armas tiene que ser en un caso extremo, porque así lo establecen las leyes nacionales y también las internacionales de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Categóricamente, podemos decir que en este caso se violentaron derechos fundamentales, como a las protestas, reunión y asociación, por lo cual el Estado tiene que responder”, dijo.
Finalmente, subrayó que la principal enseñanza que nos dejan estos hechos es que los gobiernos no pueden usar la fuerza de esa manera, por los daños tanto físicos como emocionales que eso genera.
La clínica
Para atender un estimado de 500 víctimas, el gobierno pasado inauguró una clínica en el distrito de Changuinola, la cual cuenta con un médico general y una enfermera.
Mario Lozada, uno de los médicos que atendió a las víctimas durante el último año en esta clínica, puntualizó que los principales síntomas de estas personas guardan relación con el dolor, ya que como los perdigones están en músculos profundos y órganos, no se pueden extraer.
Lozada detalló que la atención se brinda los lunes, miércoles y viernes a razón de 10 a 20 personas por día. El 95% de los 500 heridos eran trabajadores del sector del banano.
“El diagnóstico de la mayoría tenía que ver con la presencia de cuerpo extraño en partes blandas [perdigones] y una buena parte llegaba debido a dolor. Les damos medicinas, como por ejemplo antiinflamatorios”, añadió el médico.
Cuando el caso era más complejo, Lozada los refería a especialistas en oftalmología y ortopedia. Sobre la presencia de plomo en los trabajadores, el profesional de la salud explicó que ese metal desaparece con los años, a menos que afecte el torrente sanguíneo.
Pese a los planteamientos del médico, las víctimas reiteran que no es fácil vivir con perdigones y que la palabra plomo se ha vuelto común en su diario vivir. “El dolor en nuestros cuerpos no nos permite olvidar lo ocurrido”, concluyó Quintero.
