Mientras la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional instalaba una subcomisión para elaborar un proyecto de ley integral para resguardar la infancia del país, líderes de las iglesias católica y evangélica pedían sanciones ejemplares y los nombres de empresarios, políticos y pastores involucrados en el escándalo de abuso de menores en algunos albergues.
Las reacciones, tanto de la Comisión de la Mujer como de los líderes de las iglesias, se dan un día después de que el procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, renunciara al cargo, y en momentos en que el Ministerio Público adelanta ocho investigaciones sobre este tema.
Orlando Quintero, del Ministerio de la Unción, se quejó de que no se ha hecho una “verdadera” inspección de lo que está sucediendo y debido a los escándalos se ha procedido a cerrar -según él- todos los albergues, inclusive los que estaban haciendo las cosas correctamente.
“Hemos escuchado por los medios de comunicación que hay pastores y quisiéramos saber los nombres de esos pastores, porque rechazamos todo tipo de delito sexual y de cualquier índole. Queremos saber los nombres de los empresarios y de los políticos que han estado delinquiendo con este tipo de acciones”, dijo.
Apeló a la presunción de inocencia para cualquiera que esté involucrado en estos delitos.
Por su lado, José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, dijo que “es muy fácil decir que hay religiosos... pero es bueno que se especifiquen quiénes son”.
Indicó que en estos momentos se demanda de las autoridades dar a conocer la verdad de las acusaciones, y llevar adelante un proceso de investigación en el que debe prevalecer la justicia y la transparencia, sin revictimizar a los afectados.
Las investigaciones deben llevarse a cabo “sea el que sea, caiga el que caiga, desde la realidad penal, civil, y si ni Dios lo quiera hubiera allí alguien nuestro, también está el Código de Derecho Canónico, pero lo que no podemos es estar generalizando como ahora se está generalizando”, afirmó Ulloa.
Entretanto, la subcomisión, que coordinará la perredista Kayra Harding, en compañía de su copartidario Leandro Ávila y la diputada del Molirena Corina Cano, tendrá 30 días para invitar a todos los sectores a una mesa de debate. El pasado 9 de febrero, otra subcomisión legislativa reveló la existencia de abusos físicos, psicológicos y sexuales a menores de edad en albergues. La denuncia fue presentada al Ministerio Público.