El alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, recibió el aval del Concejo Municipal para contratar a una empresa privada para cobrar impuestos en los próximo ocho meses, en medio de la crisis económica generada por la pandemia del nuevo coronavirus.
El contrato sería por unos 800 mil dólares y la compañía colombiana Archivos, Procesos y Tecnología, S.A. (Arprotec) podrá usar personal e instalaciones del municipio para hacer su labor. Este contrato depende del refrendo de la Contraloría.
Alcalde de San Miguelito hará cobro coactivo de impuestos
El Municipio de San Miguelito contratará una empresa privada para agilizar -en medio de la peor crisis de salud y económica de las últimas década- el cobro persuasivo y coactivo a los contribuyentes de este distrito. La favorecida con el contrato directo es la compañía colombiana Archivos, Procesos y Tecnología, S.A. (Arprotec).
La decisión, tomada con “urgencia notoria”, fue aprobada por el Concejo Municipal de San Miguelito el pasado sábado 18 de abril, cuando el país estaba confinado por una cuarentena absoluta, decretada por el Gobierno, a fin de evitar el avance del nuevo coronavirus. Se conoció que en esa reunión no estuvo presente el fiscalizador de la Contraloría General de la República.
El contrato -por ocho meses y con opción de prórroga- con la sociedad Arprotec, costaría más de 800 mil dólares, es decir, a un promedio de 100 mil dólares mensuales, porque el Municipio tendrá que pagar, incluso, el ITBS, de acuerdo con un borrador del contrato al que ha tenido acceso este medio.
A pesar del monto del contrato, la contratista, para hacer el cobro de los impuestos, tasas y otros ingresos municipales, utilizaría funcionarios e instalaciones del municipio, por lo que se ahorraría el costo de un local comercial para tal fin y el pago de personal. El contrato indica que las oficinas de Arprotec se ubicarían en el lugar que fije el Municipio.
Las partes acordaron que el Municipio de San Miguelito no efectuaría pago alguno en la vigencia del contrato por el estado de emergencia nacional decretado por la pandemia. “Las cuotas mensuales resultantes producto de la división del monto total del valor del contrato entre (8) meses, o sea la suma de $98,125, se acumularán como una cuenta por pagar, y serán canceladas un mes antes de la expiración del presente contrato...”, indica el borrador.
El contrato es categórico al señalar que la disponibilidad de fondos para pagar al contratista están asegurados por los recaudos del mes inmediatamente anterior,· para lo cual deberá crearse una reserva contable que garantice “el fiel cumplimiento” de la obligación.
El alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, defendió la contratación: sería “irresponsable” dejar que termine la crisis para entonces recaudar los impuestos.
La representante del corregimiento Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, criticó la contratación. Se quejó de la prisa para hacerla y que no se consideró la crisis que afronta San Miguelito, cuyas autoridades carecen de estadísticas que revelen la cantidad de empresas activas o cerradas por la pandemia.
Grajales, la única que se abstuvo de votar a favor del contrato, indicó que en el Municipio “se están viendo temas de las pandemia y este [el cobro de impuestos municipales] es un tema aislado”. La contratación de Arprotec no es un tema que amerite su aprobación urgente y durante un fin de semana. “Esto debió llevar más consulta”, sostuvo.
Grajales aseguró desconocer cuándo la empresa favorecida con la contratación presentó su proyecto de cobro, pues ella se reintegró al Concejo el 1 de abril pasado, y siete días después sus colegas autorizaron al alcalde para gestionar la contratación de una empresa privada para hacer los cobros. Para su sorpresa, la contratación se hizo en menos de diez días.
Valdés Carrasquilla aseguró que fue Arprotec la que se acercó para presentar su proyecto de cobro. Ello hace suponer que la iniciativa para hacer la contratación no provino del Municipio, sino de la empresa y, en consecuencia, Valdés Carrasquilla actuó.
“Arprotec se reunió primero con los concejales en una sesión de trabajo; presentaron todo su proyecto de innovación tecnológica para recaudar los tributos. Entonces, los representantes quedaron bastante ‘innovados’ con la presentación de Arprotec, y luego me autorizan para la firma del contrato”, narró.
Manifestó que tres meses antes de que culmine el contrato, se iniciarían los procesos para el cobro de los impuestos. Por ahora no hay fecha determinada, ya que el contrato debe recibir el refrendo de la Contraloría.
Para Valdés Carrasquilla, “encontrarse con una empresa que no nos va a cobrar impuestos [el pago por sus servicios] hasta los últimos meses del vencimiento del contrato, es fabuloso… porque no se está invirtiendo ni pagando en este momento”.
De acuerdo con el contrato, una vez se cumpla con el cobro persuasivo “para requerir a los deudores e instarlos al pago de sus deudas con el Municipio”, Arprotec asesorará y acompañará a la administración municipal para “agilizar los procesos de jurisdicción coactiva” contra los deudores.
Añade que la empresa deberá realizar una inversión económica no menor de 500 mil dólares para el sistema informático, aunque el contrato no precisa si el equipo pertenecerá al Municipio.
No será el Municipio el que vele por la calidad del contrato, sino la propia empresa que presta el servicio, indica el borrador de contrato. Igualmente, la empresa, “en ningún momento, realizará directamente el cobro de los impuestos, tasas, derechos y contribuciones ni ningún otro ingreso municipal”. Esa será tarea de los funcionarios del Municipio.
Para que la empresa haga el trabajo, el Municipio debe entregarle toda la información de los contribuyentes, a fin de que arme una base de datos e inicie el cobro.