El amparo de garantías constitucionales es una figura jurídica latinoamericana que fue creada en la Constitución mexicana de 1917. El amparo es una acción de tutela de los derechos patrimoniales de las personas naturales o jurídicas.
Mientras el habeas corpus protege la libertad individual, el amparo se orienta hacia los otros derechos constitucionales individuales, e incluye a personas jurídicas.
El uso del amparo de garantías constitucionales está destinado a impedir que se ejecute una orden de hacer o de no hacer proveniente de una autoridad pública.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha venido indicando que el amparo solo se puede utilizar cuando el cumplimiento de la orden puede producir un daño grave e inminente, y por lo tanto prácticamente irreparable.
Los tribunales que conocen del amparo de garantías constitucionales deben admitirlos siempre que estas acciones cumplan con todas las formalidades. Una vez admitido el amparo, el tribunal ordena que se detenga la actuación del servidor público que puede causar el daño inminente.
El tribunal solicitará un informe a este servidor público, y según el Código Judicial tendrá dos días para decidir el caso.
En lo relativo al amparo del helicóptero aprehendido por la Fiscalía Especial Anticorrupción, al admitirse el amparo por parte de la Corte Suprema de Justicia, la aprehensión no se suspende porque ya se ejecutó, pero el Estado panameño no puede disponer del bien, asignándolo a alguna dependencia estatal para su uso.
El helicóptero no será devuelto a los reclamantes, a menos que el pleno de la Corte Suprema de Justicia decida en el fondo el amparo de garantías constitucionales, encontrando que el Ministerio Público violó los derechos constitucionales de los afectados, y que además la aprehensión causa un daño inminente.
*El autor es abogado