Panamá necesita mayores incentivos fiscales para el sistema educativo privado.
Así lo concluye el Índice de Libertad de Enseñanza 2016, divulgado recientemente por Oidel una oenegé con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el Consejo de Europa.
De acuerdo con el informe –publicado por primera vez en colaboración con la Fundación Novae Terrae–, Panamá ocupa la posición 109 de los 136 sistemas educativos analizados, que involucran el 94% de la población mundial.
El país obtuvo un índice de 45.94 y un puntaje de 181.00. Está por debajo de Irak y por encima de Albania. En el primer lugar se ubica Irlanda y en último, Gambia.
La medición considera elementos como la financiación pública de la enseñanza privada, la posibilidad de crear y gestionar escuelas no gubernamentales, la tasa neta de escolarización y la de escolarización en el sistema privado-concertado.
Toma en cuenta, además, datos generales como población, tasa de alfabetización, ingreso nacional, tasas de matrícula en la educación primaria y secundaria, gasto público en educación, ratificación de acuerdos internacionales sobre derecho económico, social y cultural.
En el primer indicador evaluado, sobre la posibilidad legal de crear y administrar escuelas no gubernamentales, Panamá respondió que sí y tuvo 90 puntos.
En el segundo indicador se preguntó si existe recaudación de fondos públicos para escuelas no gubernamentales. La respuesta fue negativa y el puntaje, cero.
El tercer indicador consideró la tasa de matrícula neta en educación primaria. Panamá llega al 91% y fue evaluada con 91 puntos.
En el último indicador, inherente a la matrícula en escuelas no gubernamentales (educación primaria), el país reportó una tasa del 12% y obtuvo 0.12 puntos.
REACCIONES
Según el presidente de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep), Gastón Faraudo III, el reporte de Oidel “nos abre los ojos a la perspectiva y la realidad de Panamá en comparación con el resto del mundo”.
Según su opinión, el reporte revela que en Panamá se necesita mayor oferta para que los padres de familia y estudiantes tengan mayor capacidad de elección en las áreas que se requieren, sobre todo en la técnica.
Agregó que los resultados del estudio plantean una tendencia de necesidad en el país de promover la educación oficial y particular, a través de incentivos, con el fin de que haya más escuelas o que se dote de mayor presupuesto al Ministerio de Educación para construir más planteles.
La opinión de Faraudo III coincide con la inquietud de muchos de que el crecimiento económico del país no va de la mano con el recurso humano. “Tenemos que preocuparnos por construir ese capital humano para atender las plazas laborales actuales y, sobre todo, las futuras”, destacó.
INCENTIVOS
En materia de incentivos fiscales para el sector privado de la educación, la Asamblea Nacional prohijó (admitió) recientemente un proyecto de ley que busca, precisamente, aplicar deducciones al impuesto sobre la renta a favor de los contribuyentes que incurren en gastos escolares.
El anteproyecto de ley 115, propuesto por el diputado Juan Carlos Arango y otros de sus colegas, fue presentado el 18 de enero pasado y está en etapa de estudio y revisión.
Pero no es la primera vez que se plantea una iniciativa similar. También las hubo en las administraciones de Martín Torrijos y Ricardo Martinelli, pero en ambos períodos no prosperaron.
Representantes del sistema educativo nacional consideran que este tema es una deuda social que tiene el Estado para con todos los padres de familia del sistema particular, que hacen un sacrificio para tener a sus hijos en escuelas privadas, con el fin de que tengan una educación continua y de comprobada calidad.