La fiscalía de Perú allanó ayer las oficinas del Palacio de Gobierno en Lima, en el marco de una investigación por presunta corrupción en contratos de la petrolera estatal Petroperú y por la que ya hay una pesquisa preliminar contra el presidente Pedro Castillo.
El Ministerio Público anunció en Twitter que la “Fiscalía ejecuta el allanamiento y registro domiciliario con fines de incautación en Palacio de Gobierno y otros 14 inmuebles vinculados a la investigación por el presunto direccionamiento en la adquisición de Biodiésel B100 -a cargo de Petroperú- en favor de la empresa HPO S.A”.
El operativo incluyó el allanamiento en simultáneo de viviendas de funcionarios de Petroperú, que según la Fiscalía “se habrían coludido y/o interesado indebidamente con el fin de favorecer a la empresa (peruana) Heaven Petroleum Operators S.A. con la adjudicación del proceso de adquisición de Biodiésel B100”.
La hipótesis fiscal sostiene que “este hecho se habría coordinado a través de una serie de irregularidades, cuyo despliegue obedecería a presuntos acuerdos colusorios que se habrían gestado el 18 de octubre de 2021 en el Despacho Presidencial”.
La presencia de policías y fiscales en la sede presidencial de Perú se inició en la madrugada del viernes y se extendió casi hasta el mediodía.
A principios de enero, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación preliminar por este caso contra el presidente Castillo, por haber presuntamente intervenido en un proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022, “con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de $74 millones”.
Sin embargo, aclaró entonces que las actuaciones quedaban suspendidas hasta que Castillo culmine su mandato de cinco años, en 2026, puesto que el presidente cuenta con “inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal” en Perú.
Ayer se allanaron los domicilios de cinco funcionarios. En tanto, se investiga a tres empresarios, uno de los cuales figura también en otra investigación de la Fiscalía que involucra a Castillo, por presuntamente haber “intervenido indebida e indirectamente”, en un proceso de licitación pública para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en la región de San Martín, al norte de Perú.
