La deforestación de 188 hectáreas de bosques entre los ríos Amarradero y Pihuila, en la provincia de Darién, revivió la indignación que por décadas ha provocado el tema entre ambientalistas y activistas, quienes piden a las autoridades un castigo severo para los causantes de este tipo de delito.
El Ministerio Público (MP) anunció el pasado sábado que adelanta una investigación por la tala ilegal de estos bosques que forman parte de las áreas protegidas de Darién.
Raisa Banfield, arquitecta y ambientalista, considera que esta práctica bien podría presumirse del “contubernio” de las autoridades locales y nacionales. A su juicio, es imposible que estos hechos pasen desapercibidos dada la importante presencia de la fuerza pública en Darién. Señaló que la peor pobreza de Darién es la devastación de su riqueza natural, ante la indiferencia y la poca acción de muchos. “Si bien el aprovechamiento forestal sostenible es una alternativa válida, considero que su aplicación en Darién ha sido la fachada para justificar la explotación maderera injustificada y devastadora que hay detrás. Es realmente preocupante”, acotó.
Deforestación
Según el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), que tomó de referencia datos de Global Forest Watch, el país perdió entre los años 2000 y 2017 unas 352 mil hectáreas de bosques, debido a actividades como la agricultura, tala o construcciones. En ese periodo, la provincia de Darién tuvo una pérdida boscosa de 93 mil 500 hectáreas.
La ambientalista Alida Spadafora planteó que se requiere de una investigación que arroje datos concretos para que haya una condena ejemplar. “Es importante una campaña de prevención, pero más aún es la condena”. Explicó que en Darién todos los años se da una deforestación indiscriminada, que bien puede traer consigo un negociado detrás, por lo que, se hace necesario la condena por la tala de bosques.
“Todo el mundo sabe que deforestar es un delito, que hay que cuidar los bosques, pero pese a ello, se sigue con la tala ilegal. Por ello es necesario la condena”, aseguró.
En tanto, el diputado Edison Broce, miembro de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, indicó que mientras exista poca presencia institucional en el área, falta de recursos y desatención a la provincia de Darién, será complicado frenar la deforestación.
Al igual que Spadafora, considera que las sanciones ejemplares a los infractores podría ayudar a desincentivar la comisión de esos delitos. “Deseo que el Ministerio Público pueda atender con la máxima diligencia esta investigación y que los responsables sean sancionados”, agregó.
El MP informó que, tras una diligencia ambiental en el área, se pudo verificar que se trata de un bosque natural en donde se han visto afectados árboles monumentos nacionales, como Almendro y Nazareno, con edades entre los 200 a 500 años; además, comunidades de Zamia, una planta prehistórica protegida; así mismo, aves como las oropéndolas, guacamayas rojas y amarillas, primates y otras variedades de flora y fauna en peligro de extinción.
Parte del análisis que realiza el MP es si se trata de un delito de deforestación con fines de realizar actividades de ganadería extensiva. En el lugar se encontraron varios campamentos; sin embargo, estos habían sido abandonados.