El 81% del presupuesto de funcionamiento que propone la Asamblea Nacional para la vigencia fiscal de 2022 correspondería al pago de servicios personales: sueldos, dietas y otros gastos relacionados. Es decir, $103 millones 72 mil 569.
En total, la Asamblea contaría con un presupuesto de funcionamiento anual de $126 millones 571 mil 124.
El desglose del presupuesto deja en evidencia gastos operativos, como el alquiler de locales, vehículos y equipos de oficina.
Además, el Legislativo busca destinar más de $500 mil al pago de viáticos dentro y fuera del país, así como unos $3 millones 201 mil para el transporte de bienes y personas.
Durante la sustentación del presupuesto del Órgano Legislativo en la Comisión de Presupuesto la semana pasada, el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, aseguró que la contratación de servicios no personales aumentó en parte porque “se han desplegado importantes obras de infraestructura para ampliar el concepto de la participación ciudadana”.
En el pasado, la Asamblea ha optado por las contrataciones directas como método de compra preferido.
81% de fondos de la Asamblea serán para servicios personales
Los “retos son infinitos y el presupuesto es finito”. Así definió Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional, el presupuesto para 2022 del órgano que dirige.
En lo que no profundizó el diputado perredista fue en que $103 millones 72 mil 569, es decir, el 81% del presupuesto de funcionamiento ($126 millones 571 mil 124 ) de la Asamblea será para el pago de servicios personales: sueldos, dietas y otros gastos relacionados.
Según el desglose del presupuesto –al que tuvo acceso La Prensa–, la Asamblea aumentará sustancialmente sus gastos en funcionamiento para el pago de “servicios no personales”. Estos, en su mayoría, son contrataciones que efectúa la Asamblea para distintos fines, como alquileres de locales y equipos, pago de servicios básicos como agua y luz, pago de publicidad y de viáticos y transporte, entre otros.
Para el otro año, la Asamblea contaría con $16 millones 367 mil para este tipo de servicios, lo cual supone un aumento de $10 millones 445 en comparación con 2021 ($5.9 millones). El pasado miércoles 22 de septiembre, día en que Adames sustentó el presupuesto del Legislativo ante sus colegas de la Comisión de Presupuesto, argumentó que este incremento se debía a que “se han desplegado importantes obras de infraestructura para ampliar el concepto de la participación ciudadana”. Aseguró que se busca llevar la participación ciudadana a Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Herrera y Veraguas, entre otras zonas. No detalló qué implican estas obras de infraestructura.
Los “servicios no personales” detallados en el presupuesto incluyen, por ejemplo $475 mil para el alquiler de “equipo de transporte” y $225 mil para el alquiler de edificios y locales. En promoción y publicidad, la Asamblea tiene previsto destinar $350 mil el otro año, lo cual supone un aumento de más de $230 mil en comparación con 2021.
Los números también evidencian interesantes gastos que tiene el Legislativo y que planea mantener. Por ejemplo, en 2021 se presupuestaron $210 mil para el pago de servicio de telefonía celular. En 2022, el monto para ese rubro aumentará a $225 mil.
Uno de los aumentos más dramáticos al comparar el presupuesto de 2021 con lo planteado para el año entrante se da en el rubro del pago de viáticos. La AN presupuesta $508 mil en el pago de viáticos para viajes dentro y fuera del país. Esto supone un aumento de $313 mil 241 en comparación con 2021. Solo para el pago de viáticos por viajes al exterior prevé destinar $225 mil el próximo año.
Otro rubro que la Asamblea busca casi doblar en el presupuesto es el pago de transporte de personas y bienes. El Legislativo contraría con $3 millones 201 mil para transporte dentro y fuera del país. Esto supone un aumento de $1.5 millones en comparación con 2021, cuando se presupuestaron $1 millón 697 mil.
Asimismo, en 2022 la Asamblea plantea destinar $7 millones 200 mil para la contratación de “consultorías y servicios especiales”. Esto supone un aumento sustancial de lo presupuestado en ese rubro durante 2021 ($433 mil). El desglose no detalla qué tipos de consultorías se contemplan en ese renglón del presupuesto del año entrante.
En el pasado, la Asamblea Nacional ha contratado consultorías en comunicación y mercadeo, así como capacitaciones diversas para su personal, principalmente de forma directa.
Durante su intervención en la Comisión de Presupuesto, Adames, quien exponía por primera vez ante sus colegas, aseguró que el presupuesto de funcionamiento no incluía solo el pago de salarios.
Otros gastos que presupuesta la Asamblea incluyen alimentos y bebidas ($635 mil), y textiles y vestuario ($162 mil 500).
Desde el pasado mes de julio, la Asamblea Nacional ha hecho al menos siete contrataciones directas de servicio de alimentos gourmet para alimentar a los diputados en las sesiones del pleno y en comisiones. En total, el monto asciende a unos $150 mil para este rubro. Estas contrataciones se han hecho a través de procedimiento excepcional, pues la ley de contrataciones públicas permite a la junta directiva de la Asamblea celebrar contratos de forma directa si el monto es menor a $50 mil.
En el rubro de combustible y lubricantes, la Asamblea tiene presupuestado destinar $1 millón 818 mil a la compra de diesel, gas, gasolina, lubricantes y “otros combustibles”. Este último renglón corresponde a $1 millón 428 mil. En productos de papel y cartón, desembolsará unos $145 mil en 2022.
Además de los “servicios personales y no personales”, el desglose del costo del funcionamiento del Órgano Legislativo evidencia un presupuesto de $7 millones para el objeto de gasto 172, por servicios especiales. Esto supone la contratación de personal temporal. En 2021, lo presupuestado para ese objeto de gasto suma $401 mil 832.
En 2020, durante los meses más retadores de la pandemia de la Covid-19, La Prensa informó que la Asamblea desembolsó $8 millones para el pago de contratos de este tipo a través de la partida 172. Tras la investigación periodística, la Asamblea permaneció en opacidad respecto al tema, pues su entonces presidente, Marcos Castillero, no detalló qué función cumplían las más de mil 650 personas contratadas en los meses más complicados de la crisis, tanto en lo sanitario como en lo económico.
En su momento, tanto el contralor, Gerardo Solís, como el presidente de la República, Laurentino Cortizo, defendieron el desembolso por parte de la Asamblea Nacional.
En el pasado, investigaciones de este medio evidenciaron que la planilla 172, llamada cashback, fue utilizada para contratar personal que no prestaba servicio alguno a la AN y en ciertos casos debía devolver el 90% del monto de los contratos a quienes lo contrataron.
