La fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, solicitó el llamamiento a juicio de seis exfuncionarios de los extintos Fondo de Inversión Social (FIS) y Programa de Ayuda Nacional (PAN), al igual que a dos particulares, por la supuesta comisión de delitos de peculado, tráfico de influencias y contra la seguridad colectiva, dentro de la investigación relacionada con el contrato de comida deshidratada por $14.5 millones otorgado en 2010 a Lerkshore International Limited.
Luego de concluir la investigación, que se inició de oficio el 18 de agosto de 2015, Sterling emitió su vista fiscal el pasado 31 de octubre en la que pide que se llame a juicio a Giacomo Tamburrelli, exjefe del PAN, y a Ángel Famiglietti, exjefe de Nutrición de esa entidad.
La fiscal vincula a Tamburrelli con la supuesta comisión del delito de peculado, “por haber gestionado, implementado y administrado” el proyecto de compra de alimentos deshidratados para las escuelas oficiales del país. Igualmente, se le relaciona “por haber desembolsado $3 mil 600 correspondientes a viáticos pagados el 16 de junio de 2016 a favor de Ángel Famiglietti, los cuales debían ser cubiertos por la empresa Lerkshore International Limited, sin embargo, fue el FIS quien los pagó”.
En cuanto a Famiglietti, se le vincula al supuesto peculado ya que antes de formalizarse el contrato con Lerkshore International Limited, el representante legal de esa empresa, Rubén De Ycaza, le emitió 28 cheques al portador por $12 mil 225, así como pagos a tarjetas de crédito de Famiglietti y su familia por $6 mil 140. Además, señala la vista fiscal que Amarilis Meléndez, esposa de De Ycaza, efectuó abonos para la compra de un vehículo para el jefe de Nutrición.
La fiscal señala también a Gustavo Barría, de la Dirección Nacional de Proyectos, Pedro Arboleda, del Programa de Nutrición del FIS, y Rubén Méndez, de la Dirección de Seguimiento y Control, todos del antiguo FIS/PAN, porque conformaron la comisión verificadora que dio el visto bueno al citado contrato, sin que la empresa ganadora tuviera experiencia en el tema de comida deshidratada.
Además, se pide llamar a juicio a Carlos Guillermo González, funcionario de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, por que fue quien revisó el análisis de los alimentos deshidratados sin ser idóneo para hacer esas funciones.
La fiscal advierte en su investigación que dichos alimentos ocasionaron problemas estomacales a algunos niños que los ingirieron.
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Igualmente, el Ministerio Público pide llamar a juicio a Rubén De Ycaza por la supuesta comisión de los delitos de peculado, tráfico de influencias y contra la seguridad colectiva.
Indica que De Ycaza, como representante de Lerkshore International Limited, recibió el pago de $14.5 millones correspondiente a la adjudicación del mencionado contrato.
También se pide abrir causa criminal por la supuesta comisión del delito de peculado a Jorge Noel García, representante legal de la empresa Terno, S.A., que supuestamente participó en la licitación para simular el acto público.
La fiscal pide al juez un sobreseimiento provisional para Sabas Cuauhtémoc Cordero, de Productos y Procesos Industriales, S.A., empresa que también se le habría vinculado con el acto de licitación que obtuvo Lerkshore Internacional Limited. El documento revela también que De Ycaza depositó $15 mil a la cuenta de la empresa de Sabas Cuauhtémoc Cordero, un día después de que ganó la licitación.
Pariente y Arjona, pendientes
La fiscalía explica en su vista que “por el momento no se pronunciará” sobre el estatus en esta investigación de Javier Pariente y Amado Arjona, considerados los artífices de este contrato, porque falta que los tribunales de justicia resuelvan recursos vinculados a estas dos personas.
En un fallo del 27 de mayo de 2016, que lleva la firma de los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Diego Fernández y Wilfredo Sáenz, se dejó sin efecto la orden emitida desde noviembre de 2015 por la Fiscalía Primera Anticorrupción de formular cargos de peculado e indagar al empresario Javier Pariente en esta investigación.
No obstante, a raíz de la sentencia, la fiscalía interpuso un recurso de apelación que está pendiente de resolverse en la Corte Suprema de Justicia.
Mientras, la defensa de Arjona interpuso un recurso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia por la imputación de cargos e indagatoria que le formuló el Ministerio Público a su cliente, y que aún está pendiente de resolverse.
Javier Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar - empresa ligada al expresidente Ricardo Martinelli-, ha sido considerado el “artífice” del negocio de la comida deshidratada. De hecho, Sterling lo señaló como “la persona que fungió desde el inicio del contrato como facilitador detrás de la empresa Lerkshore International Limited”.